Con acuerdos firmados en secreto y sin control del Estado, la empresa israelí Mekorot se perfila como la principal candidata a quedarse con el manejo del agua potable en Argentina. Expertos advierten sobre tarifazos, falta de controles y riesgos sanitarios, mientras el gobierno de Milei desmantela las garantías públicas sobre este recurso esencial.
Privatización del agua: el nuevo capítulo oscuro del ajuste libertario.
En medio de un feroz ajuste económico que golpea con crudeza a los sectores más vulnerables, el gobierno de Javier Milei avanza silenciosamente en una de las decisiones más peligrosas y polémicas de su gestión: la posible privatización del agua potable, un recurso esencial para la vida humana y un derecho garantizado por la Constitución Nacional.
Pero, lejos de tratarse solo de una cuestión económica, el agua comienza a convertirse en el nuevo negocio del poder. En este escenario aparece con fuerza el nombre de Mekorot, la empresa estatal israelí vinculada directamente al Ministerio de Infraestructura de Israel, que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por cortar el suministro a comunidades palestinas como mecanismo de ocupación y castigo colectivo.
Las consecuencias concretas para la ciudadanía: más tarifas, menos controles y un servicio en riesgo
El riesgo no es solo económico. La disolución de organismos estatales que hasta ahora garantizaban la calidad y seguridad del agua, como el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), abre la puerta a un futuro donde las propias empresas concesionarias serán juez y parte, controlando sus obras sin auditorías externas.
Esto implica que ya no habrá ninguna instancia estatal que verifique si el agua que llega a los hogares es segura para el consumo.
Además, especialistas advierten que los tarifazos serán inevitables. El agua, que hasta ahora tenía un costo accesible por ser considerada un derecho básico, pasará a tener un precio fijado bajo criterios de mercado. Esto podría generar, como sucede en otros países, facturas que representen hasta un 10% o 15% del salario mensual de una familia promedio.
Las cláusulas ocultas que permitirían extender los plazos de obras, especular con los tiempos y costos, y limitar las responsabilidades legales son una práctica común de Mekorot en otros países donde ha desembarcado, con resultados cuestionables.
El agua no es mercancía: es soberanía
El debate es mucho más profundo que la administración de un servicio público. Se trata de un recurso no renovable y estratégico, vinculado directamente a la salud, el desarrollo y la soberanía nacional. En un contexto global donde las guerras por el agua ya son una realidad, entregar este bien vital a una empresa extranjera —y especialmente a una ligada a un Estado con intereses militares— es considerado por expertos como un acto de entrega de soberanía.
El caso de Mekorot es paradigmático porque no estamos hablando de un inversor privado cualquiera, sino de una empresa estatal de una potencia militar con históricos intereses geopolíticos, que podría tener acceso privilegiado a datos sensibles, infraestructura estratégica y poder de decisión sobre obras hídricas clave.
El rol del gobierno de Milei: ajuste, negocios y especulación
La política del gobierno de Milei, bajo la bandera de “achicar el Estado”, está desmantelando áreas vitales que protegían a los ciudadanos. Al eliminar los controles estatales y avanzar en privatizaciones salvajes, no sólo entrega recursos al mejor postor, sino que pone en juego la calidad de vida de millones de personas.
El tarifazo del agua sería apenas la punta del iceberg. En manos extranjeras y sin controles, la infraestructura podría quedar sujeta a lógicas puramente especulativas y alejadas de las verdaderas necesidades del pueblo argentino.
Contexto internacional: ¿qué hizo Mekorot en otros países?
En Palestina, Mekorot fue denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por prácticas discriminatorias: cortar el suministro a pueblos enteros mientras garantiza caudal pleno a asentamientos ilegales israelíes.
En Chile, su intento de desembarcar fue resistido por la sociedad civil debido a antecedentes similares.
Argentina se encamina a repetir estos errores si no pone límites claros a esta avanzada.
Conclusión: el agua es vida, no negocio
El agua no es mercancía. Es un derecho humano fundamental, garantizado por organismos internacionales y protegido por la soberanía nacional. Permitir su privatización y extranjerización es hipotecar no solo el presente, sino el futuro de generaciones enteras
Hoy más que nunca es necesario alzar la voz, informar y resistir esta avanzada que busca transformar un bien social en un simple negocio más.
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