La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció una operación ilegal de inteligencia tras la filtración de audios grabados en la Casa Rosada, donde funcionarios admiten coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Atribuyó esta maniobra a exespías rusos, kirchnerismo, periodistas y Venezuela, y ordenó allanamientos mientras se investiga el caso en plena campaña electoral.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó duramente contra un supuesto complot detrás de la filtración de audios que expusieron coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde funcionarios de la gestión libertaria reconocen irregularidades.
Bullrich sostuvo que estos audios fueron el resultado de una “impresionante maniobra de inteligencia ilegal”, organizada por una red conformada por periodistas, dirigentes de la AFA, el kirchnerismo, exespías rusos y agentes vinculados a Venezuela, con el objetivo explícito de desestabilizar al Gobierno y afectar la campaña electoral.
El escándalo se desató con la difusión, inicialmente a través del canal de streaming Carnaval, de grabaciones clandestinas donde se escuchan conversaciones comprometedores que motivaron la renuncia de Diego Spagnuolo, director de ANDIS. A partir de ahí, la respuesta oficial fue contundente: la Justicia frenó la difusión de estas grabaciones y la ministra Bullrich pidió allanamientos a diversas personas involucradas en la filtración, entre ellas periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vinculado al medio que emitió los audios.
Bullrich declaró que la filtración se habría realizado en la Casa Rosada, lo que sorprendió por ser un espacio de máxima seguridad donde, según la ministra, “en las reuniones de gabinete no se permiten teléfonos”. Además, vinculó a “exagentes de inteligencia rusos” y “el socialismo mentiroso de Venezuela” como actores interesados en influir en la política argentina, citando ejemplos recientes de operaciones y hechos que, a su juicio, buscan generar inestabilidad.
La ministra también denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” que opera fuera de los canales oficiales y que estaría detrás de esta campaña mediática destinada a dañar la gestión y manipular la opinión pública. La denuncia penal presentada incluye la solicitud de secuestro de dispositivos electrónicos y documentación de los involucrados para determinar los organizadores y partícipes de esta maniobra, catalogada por Bullrich como un intento golpista.
Este escenario crítico se desarrolla en medio de una fuerte polarización política y un contexto de elecciones legislativas. La fuerte reacción del oficialismo contrasta con las voces que alertan sobre el riesgo que representa para la libertad de prensa y el pluralismo político la persecución judicial a periodistas y medios por investigar y difundir información de interés público.
La situación plantea un dilema fundamental para la democracia argentina: la necesidad de transparencia y lucha contra la corrupción frente a la defensa irrestricta de las libertades democráticas y la independencia periodística. El caso aún está bajo investigación y tendrá un gran impacto en la agenda política y judicial del país.
Fuentes utilizadas: Diagonales.com / HoyDia.com.ar / Perfil.com
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