El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente al presidente Javier Milei por abuso de autoridad, luego de que el mandatario se atribuyera en televisión la decisión de “haber metido presa” a Cristina Fernández de Kirchner. Según Dalbón, la frase constituye una admisión pública de interferencia en el Poder Judicial, confirmando la existencia del lawfare en la causa Vialidad.

El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Gerardo Milei por el presunto delito de abuso de autoridad. La presentación se realizó luego de que el mandatario afirmara públicamente, durante una entrevista con el periodista Luis Majul, que él fue quien “tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”.
La denuncia: “Un acto de poder ilegal”
Dalbón sostuvo que la frase del Presidente no puede considerarse una simple opinión política, sino la admisión de un acto de poder ilegal.
“Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, declaró el abogado.
La denuncia, presentada ante los tribunales de Comodoro Py, se basa en el artículo 248 del Código Penal, que prevé sanciones de prisión e inhabilitación para todo funcionario público que dicte resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes.


Dalbón agregó que la declaración presidencial también encuadra en el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, ya que, al admitir haber influido en un proceso judicial, se habilita la revisión de la sentencia dictada bajo esa influencia, incluso si ya es firme.
“El lawfare fue confesado”
Según el letrado, las palabras del Presidente constituyen una confesión directa de que la persecución judicial contra Cristina fue política.
“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala”, insistió Dalbón.
El abogado recordó que durante los años del macrismo, varios jueces, fiscales y operadores judiciales actuaron coordinadamente con medios de comunicación para impulsar causas contra la entonces vicepresidenta. “Ahora, con esta declaración, el propio jefe de Estado lo reconoce públicamente”, afirmó.
Un conflicto institucional sin precedentes
La denuncia reabre el debate sobre la independencia del Poder Judicial y el respeto a la división de poderes. Si se comprobara que el Ejecutivo tuvo injerencia en decisiones judiciales, podría configurarse una violación grave al orden constitucional.
Actualmente, Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Constitución, tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la llamada Causa Vialidad.
El caso, más allá de sus implicancias penales, vuelve a exponer la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política en América Latina. Desde Lula da Silva en Brasil hasta Rafael Correa en Ecuador, los ejemplos de lawfare se repiten: el poder judicial convertido en un campo de batalla para eliminar opositores.
Un cierre que interpela a la democracia
Dalbón concluyó que esta denuncia busca defender el Estado de Derecho frente a un presidente que “se coloca por encima de las leyes”. Si la Justicia confirma que Milei efectivamente reconoció una injerencia directa sobre las decisiones judiciales, podría configurarse una causal de juicio político.
Más allá de los tribunales, el hecho deja una pregunta abierta: ¿Puede un país sostener su democracia cuando el propio presidente admite decidir quién va preso?
Consultado en fuentes judiciales.
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