Una investigación de la ONG Public Eye revela que la mayoría de las variantes africanas del cereal infantil Cerelac contienen azúcar añadido —mientras versiones comercializadas en Europa no lo tienen—. La disputa obligó a Nestlé a responder y reavivó el debate sobre ética corporativa, salud pública y justicia alimentaria.
Imaginá ofrecer a un recién nacido una papilla que, en apariencia, promete nutrición —pero que, en la práctica, le introduce un gusto por lo dulce antes de tiempo. Esa imagen resume lo que denuncia la investigación: no se trata solo de gramos en una tabla nutricional, sino de hábitos gustativos, salud futura y una relación de poder entre multinacionales y mercados con menos protección regulatoria.
Qué pasó: el detonante y los datos que importan
a ONG suiza Public Eye recolectó cerca de 100 muestras de cereales infantiles Cerelac comprados en tiendas locales de 20 países africanos y las envió al laboratorio francés INOVALYS para su análisis. El estudio concluyó que más del 90% de las muestras tenían azúcares añadidos, con un promedio cercano a 6 gramos por ración; en algunos envases se detectaron hasta 7,5 g por porción. Estos hallazgos se contrastan con las versiones disponibles en Suiza, Alemania y Reino Unido, que aparecen en muchos casos sin azúcares añadidos.
Tras la publicación, 19 organizaciones civiles africanas —junto a la Red Internacional de Acción por la Alimentación Infantil (IBFAN) y grupos locales— enviaron una carta abierta al CEO de Nestlé, Philipp Navratil, reclamando la eliminación de azúcares añadidos y denunciando un “doble rasero” en la formulación de productos para mercados distintos.
La postura de Nestlé y la discusión técnica
Nestlé rechazó las acusaciones, calificándolas de “engañosas y sin fundamento”, y señaló que las diferencias detectadas obedecen en parte a la cobertura normativa local, a la presencia de azúcares procedentes de ingredientes (leche en polvo, frutas) y a sus esfuerzos por ampliar versiones sin azúcar en más mercados —la compañía dijo que sus variantes sin azúcar ya están presentes en la mayoría de sus mercados y afirmó que apunta a cobertura completa para fines de 2025.
La ONG, por su lado, sostiene que la metodología fue transparente: las muestras se compraron en comercios locales (no fueron suministradas por la empresa) y el análisis químico detectó azúcares añadidos que no aparecen en las versiones europeas comparables. Ese dato técnico es la base de la acusación moral: si se puede vender sin azúcar en Europa, ¿por qué no hacerlo sistemáticamente en África?
Por qué importa: la salud y la justicia detrás de una cucharada
La Organización Mundial de la Salud y las principales agencias sanitarias advierten que los niños pequeños no deberían consumir azúcares añadidos, porque la exposición temprana al sabor dulce puede moldear preferencias alimentarias y contribuir a enfermedades crónicas en etapas posteriores. En Estados Unidos, por ejemplo, el CDC recuerda que los niños menores de 2 años deben evitar alimentos con azúcares añadidos. En ese marco, la práctica denunciada no es un detalle menor: impacta en la prevención de enfermedades y en la igualdad de oportunidades en salud.
En muchos países africanos conviven la malnutrición por déficit y el crecimiento de problemas asociados a la mala alimentación (lo que la literatura científica llama la “doble carga nutricional”). Forzar paladares infantiles hacia lo dulce en ese contexto puede reproducir ciclos de riesgo sanitario que, a la larga, aumentan costos de salud pública y perpetúan desigualdades.
Dilemas éticos y responsabilidad corporativa
Acá hay una pregunta central: ¿valen lo mismo los derechos nutricionales de un niño en Zurich que los de un niño en Lagos? Las empresas alegan cumplimiento de normas locales y la búsqueda de palatabilidad para mercados con deficiencias nutricionales. Los activistas responden que la palatabilidad no justifica exponer a bebés a azúcares añadidos cuando la alternativa sin azúcar existe y está disponible. Es, en esencia, un conflicto entre la lógica del mercado y la ética de la salud pública.
Public Eye ha publicado su informe y documentos técnicos; medios internacionales como Reuters, The Guardian y Al Jazeera han cubierto la denuncia y la respuesta de Nestlé; organizaciones africanas han elevado la protesta por carta al CEO Philipp Navratil. Nestlé reafirma que cumple con el Codex Alimentarius y con regulaciones locales, y que continúa sus esfuerzos de reformulación.
Volvamos a la imagen inicial: si podemos ofrecer agua pura a todos, ¿por qué servir limonada azucarada a algunos? El caso Nestlé no solo interpela a una empresa: interpela al diseño de nuestras reglas globales, a la vigilancia de los mercados y, sobre todo, a la ética que permite que la salud infantil dependa del lugar de nacimiento. ¿Hasta cuándo aceptaremos que la nutrición de los más pequeños sea una cuestión de geografía y no de derechos universales?
Fuente original: Informe de Public Eye; cobertura en Reuters, The Guardian y Al Jazeera (nota de referencia: Head-Post https://es.head-post.com/index.php/2025/11/20/nestle-es-acusada-de-doble-rasero-con-los-alimentos-infantiles-africanos/.
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