Diversas organizaciones sociales, jurídicas y de derechos humanos presentaron un pedido formal de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema por su accionar en la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. Denuncian mal desempeño, arbitrariedad judicial y violaciones a las garantías constitucionales.
Un colectivo de organizaciones sociales, políticas y jurídicas presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Los acusan de violar principios constitucionales fundamentales al intervenir en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner.
El pedido, que fue entregado a la Comisión de Juicio Político de Diputados, sostiene que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti incurrieron en “mal desempeño de sus funciones” y pusieron en riesgo la legalidad del proceso judicial contra la expresidenta.
Según el informe, los magistrados intervinieron de manera arbitraria y con parcialidad manifiesta, fallando de forma irregular, sin respetar el principio de inocencia ni las pruebas presentadas por la defensa. Además, alertan sobre un hecho grave: la Corte intervino en etapas procesales que no le correspondían, mostrando un sesgo político en su accionar.
“Queremos una Corte que defienda la Constitución, no una que funcione como brazo del poder real”, expresaron desde las organizaciones firmantes.
¿Por qué este reclamo tiene tanta fuerza?
El pedido fue acompañado por un amplio abanico de actores sociales: centrales sindicales, movimientos feministas, organismos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y agrupaciones estudiantiles, entre otros. El punto en común: la preocupación por una Corte que parece actuar como instrumento de disciplinamiento político, más que como garante de justicia.
Este tipo de denuncias ponen sobre la mesa un debate profundo: ¿puede haber democracia real si la justicia se alinea con los intereses del poder económico? Según los impulsores del pedido, la Corte actuó para eliminar del escenario político a Cristina Fernández, privando al pueblo de su derecho a elegir.
Lectura crítica y contexto digital:
En un contexto donde los ciudadanos consumen noticias de forma veloz (lectura en forma de “L” o “F”, según Guillermo Franco), resulta esencial ir al fondo del asunto: no se trata sólo de Cristina, sino de la salud democrática de Argentina.
Este pedido no busca venganza, sino recuperar la confianza en una justicia que hoy está en crisis.
¿Y ahora qué?
La pelota está en la cancha del Congreso. Si los diputados deciden avanzar, se abriría una comisión para analizar el accionar de los jueces. El juicio político es una herramienta constitucional para defender la democracia. El pueblo ya habló. ¿Responderán los legisladores?
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