Dos días después de confirmar la condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema se otorgó un aumento salarial del 2,2 % retroactivo al 1° de abril, elevando sus sueldos mensuales por encima de los $19 millones, pese a estar exentos del impuesto a las Ganancias y a los topes que impulsa el Gobierno para el resto del Estado.
El 12 de junio de 2025 se conoció una decisión tomada en silencio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: se otorgaron un aumento del 2,2 % en sus salarios, retroactivo al 1° de abril. El dato no solo genera indignación por el monto, sino también por su oportunismo político: ocurrió dos días después de que el máximo tribunal confirmara la condena e inhabilitación de por vida de Cristina Fernández de Kirchner.
Sueldos millonarios, sin impuestos ni control
Antes del aumento, los magistrados ya cobraban cifras abismales:
A estas sumas se les adiciona ahora un 2,2 % de incremento, sin necesidad de aprobación del Congreso ni control externo. Lo resuelven internamente.
Peor aún: no pagan el impuesto a las Ganancias, ya que asumieron sus cargos antes de 2017 y están exentos por ese motivo. Mientras miles de trabajadores pagan el tributo por salarios mucho menores, ellos mantienen este privilegio fiscal intocable.
¿Dónde quedó el ajuste que prometía Milei?
La decisión se conoció en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei impone topes salariales al sector público, congela jubilaciones reales, recorta presupuesto educativo y ajusta en salud. Sin embargo, nada se dice cuando el Poder Judicial se otorga aumentos millonarios por fuera de cualquier límite.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el ajuste siempre cae sobre los más vulnerables y nunca sobre la casta judicial?
¿Exención de Ganancias?
La exencion significa que un juez puede cobrar casi $20 millones por mes sin aportar nada al fisco, mientras un trabajador registrado ve descontado hasta el 35 % de su salario.
Topes para unos, privilegios para otros: el Ejecutivo habla de recortes, pero guarda silencio ante estas maniobras.
Mientras miles de argentinos pierden poder adquisitivo y se ajustan cinturones para sobrevivir, la Corte Suprema no solo actúa como poder político al intervenir en la proscripción de líderes populares, sino que además se otorga beneficios millonarios sin control alguno. ¿Se nota mucho?
Esta situación es insostenible para una democracia que se pretenda justa. Necesitamos una profunda reforma judicial, que comience por terminar con los privilegios y restituya el principio de igualdad ante la ley.
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