En un operativo federal realizado en Córdoba, 17 trabajadores santiagueños —nueve de ellos menores de edad— fueron rescatados de una finca donde eran víctimas de trata y explotación laboral. Tres productores agropecuarios fueron procesados por someterlos a condiciones inhumanas de trabajo, sin agua, salario ni vivienda digna.
Por trata y explotación laboral, rescataron a 17 personas de Santiago del Estero que eran sometidas a condiciones infrahumanas en una finca del norte de Córdoba. Tres productores agropecuarios fueron procesados por el caso.
El hallazgo ocurrió en la localidad de Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje. Las víctimas —entre ellas nueve menores de edad— habían sido trasladadas desde Villa Atamisqui (Santiago del Estero) con falsas promesas de trabajo digno, vivienda y salario justo. Al llegar, se encontraron con una realidad estremecedora: hacinamiento, jornadas extenuantes de cosecha de papas y alimentos escasos.
Según detalla el Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, los tres productores fueron procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Además, el magistrado dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de los acusados, mientras continúa la investigación.
Las condiciones en las que vivían los trabajadores fueron calificadas por los investigadores como “inhumanas”. Dormían sobre colchones en el suelo, sin sábanas ni frazadas, con baños improvisados de nailon y sin acceso al agua potable. Los testimonios recogidos señalan que las víctimas trabajaban largas horas bajo el sol, sin ropa adecuada, sin descanso y sin recibir el pago prometido.
El operativo se activó gracias a la denuncia de un padre que alertó a la línea 145 sobre la desaparición de sus hijos. Esa llamada marcó el inicio de una investigación que destapó un caso de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que coordina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural que atraviesa al país: la explotación laboral en el agro argentino, donde miles de familias pobres del norte migran con la esperanza de conseguir trabajo y terminan atrapadas por redes que lucran con su necesidad.
Más allá del operativo y la investigación judicial, este caso interpela profundamente a la sociedad: ¿cuántas historias como estas siguen ocurriendo lejos de los flashes, entre surcos de tierra y promesas rotas? La justicia deberá actuar con contundencia, pero el Estado también tiene una deuda pendiente: proteger a quienes, desde el olvido, siguen siendo los más vulnerables.
Fuente: Sur Santiagueño
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