Javier Milei ha dispuesto, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, una ampliación presupuestaria de $7.366 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta medida se produce en medio de la investigación que involucra a una azafata vinculada al movimiento libertario, generando debates sobre la transparencia y el uso de los fondos públicos.
La reciente asignación de $7.366 millones se distribuye en gastos corrientes y de capital. Dentro de los gastos corrientes, se destacan $885 millones para personal, $1.145 millones para bienes de consumo y $4.323 millones para servicios no personales, incluyendo $1.625 millones destinados a gastos reservados. Los gastos de capital, por su parte, suman $1.022 millones para la adquisición de maquinaria y equipos tecnológicos.
Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica, expresó su preocupación: “Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad. Están dilapidando 3 millones de dólares por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral”.
Esta ampliación se suma a los $100.000 millones previamente asignados a la SIDE mediante el DNU 656/2024, que fue rechazado por ambas cámaras del Congreso. Según datos del presupuesto abierto, de los $136.741 millones asignados inicialmente, ya se habían ejecutado $102.752 millones antes de la anulación del decreto.
La SIDE fue restablecida en julio de 2024, reemplazando a la disuelta Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con el objetivo de modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional. Desde entonces, ha recibido incrementos presupuestarios significativos, generando debates sobre la transparencia y el control en el uso de estos fondos.
La asignación de fondos adicionales a la SIDE en medio de una investigación sensible plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y la necesidad de mecanismos de control más estrictos para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
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