La Secretaría General de la Presidencia contrató por más de 44.000 dólares a Dinatech SA, una firma que multiplicó su patrimonio bajo el ala de Florencio Randazzo y fue salpicada por sobornos de Hewlett Packard. El gobierno del “cambio” eligió, entre todos los proveedores posibles, precisamente a ése.
Hay decisiones que no hacen ruido cuando toman pero que, cuando se conocen, resultan imposibles de ignorar. La Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, le adjudicó a la firma Dinatech SA un contrato por **44.200 dólares** para el mantenimiento y actualización del software *Veeam Availability Suite Enterprise*, la herramienta que utiliza el Estado para el respaldo de sus datos digitales. Nada extraordinario en apariencia. Pero el nombre de la empresa elegida lo cambia todo.Dinatech no es una empresa cualquiera. Su dueño, el empresario **Eduardo Wassi**, fue imputado en 2014 por presunta asociación ilícita y malversación de caudales públicos. La causa involucró también a **Amado Boudou** y al entonces director de ANSES, **Diego Bossio**, aunque Wassi y Boudou son personas distintas con roles diferentes en el expediente: lo que los unió fue la misma investigación judicial, no la propiedad ni la gestión de la empresa. El sobreseimiento llegó en 2017 de manos del juez Sergio Torres, pero con una salvedad que no es menor: la resolución aclaró que la decisión se tomó por “insuficiencia probatoria”, no porque los hechos investigados no hubieran existido. Es una diferencia que los abogados conocen bien y que en la política se suele pasar por alto con comodidad.
El salto patrimonial que la justicia nunca explicó
El ascenso de Dinatech merece ser contado con números. Cuando la empresa empezó a cosechar contratos del Estado nacional, durante la gestión de **Florencio Randazzo** al frente del Ministerio del Interior, su patrimonio neto rondaba los *75.000 pesos*. Para cuando su vínculo con los contratos de digitalización de DNI y pasaportes llegó a su punto más alto, ese mismo patrimonio superaba los *77 millones de pesos*. Un crecimiento de más del mil por ciento que no encontró, en los juzgados argentinos, una explicación que terminara en condena.
Pero lo que no pudo probar la justicia local lo documentó la de afuera. El *Departamento de Justicia de los Estados Unidos* confirmó que la multinacional **Hewlett Packard* pagó sobornos en Argentina para asegurarse contratos con el Estado. El vínculo comercial de HP en esas operaciones era, precisamente, Dinatech. La empresa no fue condenada en ese proceso, pero quedó mencionada en una investigación extranjera sobre corrupción con fondos públicos argentinos. Ese dato está en los registros y no prescribe.
Un problema de sobreprecios que tampoco es nuevo
Para completar el cuadro, hay un tercer antecedente que la Secretaría General de la Presidencia conocía —o debería haber conocido— antes de resolver cualquier contrato. El Ministerio Público Fiscal había detectado, en licitaciones anteriores en las que participó Dinatech, *sobreprecios de más del 100%* respecto de los valores de mercado. A eso se suman fallas documentadas en los servicios de posventa. Una empresa que oferta el doble de lo que vale el servicio y que no cumple con lo prometido no es una empresa que cuida el dinero público; es una empresa que lo exprime.
El gobierno del cambio eligió lo conocido
El contraste es tan evidente que resulta difícil de ignorar. El gobierno de Javier Milei llegó al poder con un relato claro: el fin de la “casta”, el corte con el pasado, la transparencia como bandera. La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei como columna vertebral política del espacio, fue la que eligió —bajo su órbita y en su nombre— a la empresa que creció bajo Randazzo, cuyo dueño fue investigado en la misma causa que Boudou, que apareció en una investigación internacional sobre sobornos y que fue señalada por sobreprecios ante el Ministerio Público Fiscal.
No hay una explicación oficial que justifique por qué Dinatech y no otro proveedor. No hay comunicado que aclare si se evaluaron antecedentes judiciales o si el precio ofrecido fue comparado con el mercado. La adjudicación existe, el contrato también, y el historial de la empresa es público.
Lo que está en juego no es solo el dinero
44.200 dólares puede parecer poco en el universo del gasto estatal. Pero no se trata del monto: se trata de qué tipo de empresas siguen siendo las “elegidas” cuando cambia el gobierno, y qué señal envía esa elección hacia adentro y hacia afuera del Estado. Si la misma firma que multiplicó su patrimonio con Randazzo, cuyo titular fue investigado junto a Boudou y que apareció en una causa internacional de sobornos puede obtener un contrato bajo la gestión de quienes prometieron terminar con todo eso, entonces la pregunta que queda flotando es una sola: ¿cambió algo, o solo cambiaron los nombres que aparecen en los papeles?
Los datos están. Lo que falta es una respuesta.
Fuente: Que Tal Tu Día — “Sombras en la Rosada: Karina Milei adjudicó una polémica licitación a una empresa vinculada a la corrupción” .
ACLARACIÓN: Esta nota fue elaborada en base a la información publicada en la fuente indicada, contrastada con datos de acceso público sobre los antecedentes judiciales de Dinatech SA y las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Hewlett Packard Argentina
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