El Ministerio de Seguridad confirmó que la Policía Federal comenzará a monitorear redes sociales. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos para la libertad de expresión y la privacidad ciudadana.
En medio de una crisis social cada vez más profunda, el Gobierno de Javier Milei avanza con medidas que generan inquietud. Esta vez, la ministra Patricia Bullrich anunció que la Policía Federal comenzará a patrullar redes sociales. Según ella, se trata de una estrategia preventiva, pero la iniciativa despierta serias dudas sobre su legalidad, su objetivo real y su impacto en las libertades públicas.
Durante una entrevista televisiva, Bullrich explicó que el nuevo plan se encuadra en tareas de “inteligencia criminal” y que busca detectar amenazas o delitos antes de que ocurran. No ofreció detalles técnicos, protocolos judiciales ni límites sobre el alcance del monitoreo. Solo dejó una certeza: el Estado está observando lo que decimos en redes sociales.
Desde organismos como el CELS y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la preocupación es inmediata. Advierten que no hay marco legal claro para esta iniciativa y que podría utilizarse para vigilar, fichar o intimidar a personas por sus opiniones políticas.
Lo más alarmante es el contexto: un gobierno que estigmatiza a los movimientos sociales, criminaliza la protesta y desprecia el rol de los medios críticos, ahora suma una herramienta más para el control social.
Expertos en derecho digital remarcan que sin una orden judicial, monitorear las redes sociales viola derechos básicos como la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia. “Esto no es prevención, es persecución encubierta”, señalan.
Además, muchos temen que esta política termine convirtiéndose en una caza de brujas digital, donde cualquier publicación que incomode al poder pueda transformarse en motivo de investigación o castigo. Todo, sin garantías, sin justicia y sin defensa.
Mientras los comedores populares cierran, mientras la gente vive con miedo a perder el trabajo o a no llegar a fin de mes, el gobierno decide invertir recursos en vigilar a su propia población. No para protegerla, sino para controlarla.
Nos quieren con miedo. Pero el miedo también se organiza.
Desde Argentina Desigual sostenemos que la vigilancia no es la solución a los problemas reales del país. Y que cada vez que el Estado se mete en la vida privada de las personas, lo hace para callarlas, no para cuidarlas.
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