El diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, fue denunciado públicamente tras la filtración de audios en los que exige a sus empleados entregar el 100 % del viático “desarraigo”, destinado a gastos de traslado, para cubrir deudas y alquileres partidarios.
A días de las elecciones legislativas, el bloque libertario que lidera Javier Milei enfrenta una nueva polémica. En esta ocasión, la figura central es el diputado nacional Santiago Pauli, quien, según grabaciones difundidas por Minuto Uno el 20 de octubre de 2025, habría implementado un mecanismo para desviar fondos públicos hacia el financiamiento interno de su espacio político.
Los audios, grabados durante conversaciones con un militante de La Libertad Avanza en Ushuaia, revelan que Pauli solicitaba a sus asesores entregar el 100 % del adicional por desarraigo, un beneficio mensual cercano a $500.000, que el Congreso otorga a trabajadores contratados que deben trasladarse desde su lugar de residencia.
Audio: https://x.com/bardeonews/status/1980349645264949258?t=Hm18fEA8-ug6fY11aQJwYA&s=19
En uno de los tramos más comprometedores, Pauli le dice al asesor: “El desarraigo no es tuyo, es del partido. Yo voy a dar de baja todos los contratos y poner gente que cobre y nos pase todo el desarraigo, porque nos estamos endeudando con Miguel Rodríguez. Estoy poniendo arriba de un millón y medio de pesos y solo una persona nos está pasando el desarraigo”.
El legislador también reconoce que algunos contratos se mantienen pese a que las personas no cumplen la función que justifica el viático, admitiendo: “Es un viático por un trabajo que alguien no hace, entonces en lugar de exigirle el sueldo, le pedimos eso. En el caso de quienes no lo usan como viático, lo usamos para sostener el partido”.
Este esquema, de confirmarse, contradice frontalmente los valores de transparencia y eficiencia estatal que el oficialismo libertario suele reivindicar. Mientras Milei insiste en que su espacio “rompió con la vieja política”, los audios de Pauli parecen demostrar que las viejas prácticas clientelares y de autofinanciamiento siguen vigentes, solo bajo nuevos nombres.
La denuncia generó una fuerte repercusión política en Tierra del Fuego, donde varios sectores opositores reclamaron que el caso sea investigado por la Justicia Federal por posible malversación de fondos públicos y extorsión laboral. En tanto, el silencio del entorno libertario nacional profundiza el malestar y las sospechas sobre la falta de control interno en los recursos legislativos.
Más allá de la cuestión partidaria, el escándalo vuelve a abrir un debate de fondo: ¿cómo se financian realmente los partidos en Argentina? Los audios de Pauli no solo exhiben un caso individual, sino una práctica estructural donde los beneficios del Estado terminan sosteniendo campañas que dicen combatirlo.
En tiempos de crisis económica y recorte presupuestario, estas revelaciones golpean de lleno la credibilidad de quienes prometieron “reducir los privilegios de la casta”. El pueblo fueguino, y en especial los sectores que más padecen el ajuste, observan con indignación cómo se multiplican las contradicciones entre el discurso y los hechos.
La transparencia no se declama: se ejerce. Cada peso que proviene del Estado pertenece a la sociedad, no a los partidos. Lo que muestran estos audios es algo más profundo que un abuso de poder: es el reflejo de una política que todavía no logra reconciliarse con la ética pública.
En medio del descontento social, este caso recuerda que la vigilancia ciudadana sigue siendo el último límite ante los privilegios de la política.
Fuente principal: LaPolíticaOnline.com
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