La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Oficina Anticorrupción al ministro de Defensa, Luis Petri, y al presidente de CITEDEF, Fernando Lloveras, por permitir que el organismo científico militar fuera utilizado como estacionamiento privado durante el festival Quilmes Rock 2025, en un hecho que expone el uso irregular de bienes públicos.
Todo comenzó en abril de 2025, cuando la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció públicamente que el predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) fue alquilado de manera irregular a la empresa Seeker Parking, para ser utilizado como estacionamiento durante el festival Quilmes Rock 2025.
Lejos de obtener una explicación formal, la organización sindical presentó una denuncia oficial ante la Oficina Anticorrupción contra el ministro de Defensa Luis Petri y contra el presidente del CITEDEF, Fernando Roberto Lloveras. ATE acusa a ambos funcionarios de utilizar un organismo público estratégico como “caja política”, en beneficio privado, y de poner en riesgo infraestructura estatal sensible destinada a la investigación y desarrollo para la defensa.
Un organismo militar convertido en playa de estacionamiento
El delegado sindical de ATE en CITEDEF, Alejandro Gallardo, denunció que “hace dos meses realizamos las consultas pertinentes que hasta la fecha no fueron respondidas”. Agregó además que “resulta gravísimo que se exponga el patrimonio del Estado para actividades privadas, permitiendo que una empresa comercial utilice instalaciones estratégicas como estacionamiento, incluso permitiendo el acceso de civiles ajenos al ámbito militar o científico”.
Desde ATE advierten que, mientras el Gobierno habilita el alquiler del predio para negocios privados, los trabajadores son amenazados con despidos y traslados arbitrarios, en un contexto de persecución sindical.
CITEDEF: confidencialidad, defensa y patrimonio en riesgo
El Instituto CITEDEF fue creado con el objetivo de desarrollar planes, programas y proyectos vinculados a la ciencia y tecnología aplicada a la defensa nacional. Su personal trabaja bajo estrictos contratos de confidencialidad y en áreas restringidas con documentación clasificada como “reservada”, donde se resguardan materiales e investigaciones estratégicas.
Según Gallardo, “exigen confidencialidad a las y los trabajadores pero usan al organismo como una caja para financiar sus políticas”.
La denuncia apunta a que esta práctica contradice la propia normativa del organismo y vulnera la seguridad nacional al exponer instalaciones sensibles a usos ajenos a su función pública.
El silencio del Ministerio de Defensa y la falta de explicaciones oficiales refuerzan la sospecha de un manejo irregular del patrimonio público. Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en discursos de austeridad y meritocracia, ATE denuncia que el verdadero uso que hacen de organismos públicos es como “negocio paralelo” para financiarse.
Argentina Desigual pudo corroborar esta denuncia con la fuente oficial publicada por ATE el 25 de junio de 2025.
Fuente: https://ate.org.ar/20250625-citedef/
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