Casi un centenar de muertes por fentanilo contaminado revelaron un escándalo sanitario y judicial sin precedentes. El sindicalista Marcelo Peretta denunció vínculos entre HLB Pharma y el narcotráfico, responsabilizó al gobierno de Milei por falta de control y la justicia investiga complicidades políticas y empresariales.

Una denuncia con nombre y apellido
El secretario general de los farmacéuticos, Marcelo Peretta, advirtió que “el narco es parte de HLB Pharma” y denunció que funcionarios del gobierno nacional “no controlan los laboratorios”. En particular, apuntó contra Mario Lugones, ministro de Salud, y Federico Sturzenegger, figura clave en el área económica, por su falta de acción.
Para Peretta, el Estado no solo falló en los controles, sino que “permitió que un laboratorio sospechado de vínculos con el narcotráfico siguiera operando”.
La tragedia en números
- Muertos confirmados: entre 87 y 96 personas.
- Afectados totales: más de 200 pacientes hospitalizados.
- Laboratorios implicados: HLB Pharma Group y Ramallo S.A.
- Bacterias detectadas: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas multirresistentes.
Las víctimas fueron, en su mayoría, pacientes que recibían tratamientos quirúrgicos o terapias de dolor en hospitales públicos y privados. Muchos desarrollaron infecciones letales en pocas horas, lo que desató la alarma en todo el sistema de salud.
El rol de la ANMAT
La Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) inspeccionó a HLB Pharma a fines de 2024 y detectó deficiencias críticas en esterilización y trazabilidad. Sin embargo, recién en febrero de 2025 se dispuso la suspensión de la producción, cuando el daño ya era irreversible. Este retraso abrió un debate: ¿se trató de negligencia burocrática o de complicidad política? Para Peretta, la demora probó que “la connivencia entre Estado y laboratorios costó vidas humanas”.
Veamos el avance judicial
La causa quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien ordenó:
La detención de 24 imputados, incluido Ariel García Furfaro, empresario y dueño de HLB Pharma Group.
La inhibición de bienes de los acusados.
La prohibición de salida del país para todos los sospechosos.
La justicia investiga un entramado que mezcla negocios farmacéuticos, narcotráfico y vínculos políticos. Paralelamente, familiares de víctimas denuncian que el gobierno intentó presionar al juez y relativizar la crisis para proteger intereses económicos.
El negocio detrás del fentanilo
- El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más potente que la morfina, usado en medicina para casos de dolor agudo.
- Pero en el mercado negro es la droga que desató la peor epidemia de sobredosis en EE.UU., con más de 70.000 muertes al año.
- En Argentina, el ingreso de empresas como HLB Pharma permitió su producción en mayor escala, bajo un esquema de “puertas giratorias” entre política, salud y negocios privados, según los gremios del sector.
Víctimas y Reclamos
las familias de los fallecidos formaron la agrupación “Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal”. Exigen:
- Transparencia en la investigación.
- Reparación para los afectados.
- Condenas firmes a empresarios y funcionarios responsables.
El caso también expuso a médicos y enfermeros, quienes recibieron medicamentos adulterados sin advertencia previa, lo que dejó en shock a gran parte del personal sanitario.
Una reforma pendiente
El sindicalista Peretta propuso avanzar hacia una nueva Ley de Medicamentos, que incluya:
- Trazabilidad digital completa de cada ampolla.
- Inspecciones independientes de laboratorios.
- Sanciones económicas severas a empresas infractoras.
- Un marco regulatorio que evite que narcotráfico y laboratorios se confundan en un mismo negocio.
Fuentes: Diagonales.com / El País
El escándalo del fentanilo contaminado es más que un caso judicial: es una radiografía de un sistema sanitario debilitado por la desregulación y la corrupción.
Con casi 100 muertos, la sociedad enfrenta un dilema urgente: exigir justicia y, al mismo tiempo, impulsar una reforma estructural en el control de medicamentos.
Porque cuando el Estado falla en su rol de regulador, la salud se convierte en negocio y la vida en mercancía.
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