Cinco militantes fueron arrestados, incomunicados y enviados a una cárcel de máxima seguridad por participar en un escrache político. La jueza Arroyo Salgado fue denunciada por abuso de poder y mal desempeño.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue denunciada este miércoles ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por haber ordenado la detención ilegal de cinco militantes políticos. La presentación fue realizada por los consejeros Mariano Recalde (representante del Senado) y Vanesa Siley (diputada nacional y representante de la Cámara Baja).
¿Qué se denuncia exactamente?
Según los denunciantes, Arroyo Salgado incurrió en un abuso de autoridad al ordenar las detenciones. La medida fue considerada “arbitraria” y “violatoria de derechos fundamentales”, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta, reconocidos en la Constitución Nacional.
¿Quienes son los detenidos?
Los detenidos son Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes, denunciaron, “están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie”.
¿Por qué es grave este caso?
En el contexto actual de creciente criminalización de la protesta social y persecución de referentes opositores, este tipo de decisiones judiciales resultan alarmantes. La figura de la jueza Arroyo Salgado ya ha estado rodeada de polémica por su cercanía con sectores del gobierno de Javier Milei.
Cabe recordar que el escrache como forma de manifestación es legítimo siempre que no implique daño a la propiedad ni agresiones. Así lo han sostenido diversos fallos judiciales previos y organizaciones como el CELS.
¿Qué puede suceder ahora?
El Consejo de la Magistratura deberá analizar si existieron faltas graves en el accionar de la magistrada. Si se comprueba que violó principios constitucionales, podría abrirse un proceso de remoción.
No se trata de un caso aislado, sino de un síntoma más del uso político del poder judicial, que en lugar de garantizar derechos, se alinea con el poder de turno para perseguir a quienes se oponen.
Una democracia real no puede tolerar que el Poder Judicial funcione como brazo represor de los gobiernos. Lo que está en juego no es solo la libertad de cinco personas, sino el derecho de todos a protestar, disentir y expresar ideas sin miedo a ser criminalizados.
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