Dos empresarios señalados por la Justicia por una presunta asociación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) habían consolidado, desde la pandemia, una red de contratos con distintos organismos del Estado. La investigación reconstruye cómo esas operaciones se extendieron durante las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei.
La causa conocida como “Andis” no se limita a las maniobras investigadas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Según reconstruyó LA NACION a partir de registros oficiales, documentos tributarios y fuentes con conocimiento directo de la operatoria, los empresarios Miguel Ángel Calvete y Federico Maximiliano Santich también obtuvieron ingresos millonarios a través de otros organismos del Estado nacional. Ambos se encuentran bajo investigación del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello. El expediente incluye, además, a exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados que, por ahora, permanecen fuera de la escena pública.
El origen del vínculo entre Calvete y Santich se remonta a la pandemia de Covid-19. Presentados por un conocido en común, comenzaron a explorar oportunidades de negocios con el sector público. El primer contrato identificado fue la provisión de ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, durante la gestión de Ginés González García.
“Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza”, describió una fuente con conocimiento directo de esas operaciones, que señaló un contacto fluido con funcionarios del área de Salud y colaboradores de la Casa Rosada de entonces.
Durante los años de confinamiento, la operatoria se amplió al PAMI y a la Dirección Nacional de Vialidad. De acuerdo con la reconstrucción periodística, los empresarios no se enfocaron en obras públicas, sino en la provisión de servicios, lo que les permitió acumular ingresos significativos.
Santich canalizó esos negocios a través de varias sociedades. Entre las principales figuran Profarma SA y Profusión Marketing SRL, que en 2020 pasó a denominarse Profusion SRL y modificó su objeto social hacia servicios vinculados a la salud humana. Ambas empresas aparecen mencionadas en el dictamen presentado por el fiscal Picardi en noviembre, cuando solicitó la indagatoria de Santich y la detención e indagatoria de Calvete.
Otras firmas utilizadas de manera intensiva —aunque no incluidas inicialmente en ese dictamen— fueron Smart Medical Image SRL (SMI SRL) y Prenor SAS, dedicadas a la venta de instrumental y artículos ortopédicos. Según fuentes citadas por LA NACION, la administración financiera de estas sociedades quedaba bajo la supervisión de Laura Poloni, colaboradora directa de Santich, encargada de facturación, pagos y retiros de fondos.
Un punto de inflexión en la expansión de los negocios fue el ingreso al circuito de la Andis. Según las fuentes consultadas, Kevin Pocovi fue quien presentó a Calvete y Santich ante Spagnuolo. El contacto se habría gestado en las oficinas de la familia Pocovi en el edificio Catalinas Plaza y se consolidó durante la campaña presidencial de 2023.
Pocovi, vinculado a distintas sociedades comerciales, firmó con el PAMI —a través de Inversora Eslava SA— un contrato de alquiler por un edificio en la calle Reconquista 46 de la Ciudad de Buenos Aires por más de $2.700 millones en 2024, según consta en un expediente oficial.
Con el paso del tiempo y el crecimiento de los ingresos, los protagonistas de la operatoria bajo sospecha diversificaron sus inversiones. Entre otras operaciones, adquirieron un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes y financiaron campañas de candidatos locales. También ampliaron su estructura empresarial con nuevas firmas, como Meridius SA, dedicada a la venta de instrumental médico y productos ortopédicos desde 2023.
La investigación también detalla movimientos de fondos bajo sospecha de lavado, incluidos circuitos que habrían involucrado criptomonedas, y menciona a otros empresarios señalados por el fiscal como presuntos intermediarios financieros.
Y para redondear
Para la Justicia, la reconstrucción de estos antecedentes resulta clave para entender el alcance de la presunta asociación ilícita investigada en la causa Andis. Los contratos previos con distintos organismos del Estado forman parte del contexto que ahora analizan el fiscal y el juez para determinar responsabilidades y eventuales delitos.
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Fuente: LA NACION https://www.lanacion.com.ar/politica/la-precuela-de-la-causa-andis-los-empresarios-que-pasaron-de-vender-sillas-de-ruedas-a-sonar-con-nid20122025/
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