La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de embargo de cuatro fondos internacionales y sostuvo que los millones generados por el token digital $LIBRA podrían pertenecer al presidente Javier Milei, su hermana Karina o al empresario Hayden Davis.
El fallo judicial de 33 páginas firmado por la jueza Jennifer Rochon en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York detonó un escándalo con alcance internacional. En su resolución, la magistrada concluyó que los fondos generados por la criptomoneda $LIBRA –impulsada por el empresario Hayden Davis y promocionada por Javier Milei en la red social X– no son propiedad de la República Argentina, sino potencialmente de sus impulsores o personas cercanas al entorno presidencial.
La jueza tomó esta determinación al rechazar la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión –Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited– que pretendían embargar los activos para cobrarse parte de las deudas que la Argentina mantiene desde el default de 2001. Estas firmas habían ganado un juicio en Londres en 2023 por más de 1.500 millones de euros, pero ante la falta de pago buscaron rastrear posibles activos argentinos en el extranjero.
Rochon descartó esa vinculación. Consideró que los materiales presentados, entre ellos artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar con la plataforma Meteora, eran insuficientes para probar que el dinero generado por $LIBRA perteneciera al Estado argentino. En cambio, la jueza indicó que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios sean Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis, quien habría retenido parte de las ganancias “con el propósito eventual de invertirlas en la economía argentina”.
El documento también hace referencia a las declaraciones del fiscal Eduardo Taiano, quien dejó abierta la posibilidad de que el Estado reclame el decomiso de los fondos si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas. Pero Rochon fue cauta: señaló que no existen evidencias suficientes y calificó el pedido de los fondos como una “excursión de pesca”, un término judicial para referirse a búsquedas de pruebas sin base concreta.
La magistrada aclaró que, aun si existieran lazos financieros entre el token y allegados al Presidente, las vías adecuadas para investigar serían la Justicia argentina y la británica, no los tribunales de Estados Unidos. Por eso denegó el pedido basado en la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional, al considerar que no puede usarse para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas especulativas.
El fallo cita además un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que había determinado que la difusión del token por parte de Milei debía entenderse como una actividad personal, no oficial. Esa postura coincidía con la versión de la Casa Rosada, que niega cualquier relación institucional entre el Gobierno y el proyecto. Sin embargo, la definición judicial deja al descubierto un punto incómodo: si fue una actividad privada, los fondos obtenidos quedarían fuera del control del Estado, pero ligados al propio Presidente o a su círculo cercano.
La causa $LIBRA, que ya se investiga también en la Argentina y en el Reino Unido, expone una trama que mezcla política, criptomonedas y responsabilidades públicas. Mientras tanto, la sociedad argentina asiste con desconcierto a un nuevo capítulo de opacidad institucional: millones de dólares en juego, fronteras financieras difusas y un presidente señalado por la justicia extranjera.
Fuente principal: La Nación
Dejanos tu opinión, seguinos y compartí para que más personas sepan lo que está pasando.
