El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo fueron denunciados penalmente por “delitos contra la soberanía nacional”, tras haber delegado, según los denunciantes, el control de la política cambiaria argentina al Tesoro de Estados Unidos luego del acuerdo financiero del swap por 20 mil millones de dólares.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados ante la Justicia Federal por presuntos “delitos contra la soberanía nacional”, en una causa que podría marcar un punto de inflexión en la política económica argentina. La denuncia sostiene que ambos habrían delegado, de manera “ilegal y de facto”, el control de la política cambiaria argentina al Tesoro de los Estados Unidos, tras la firma del swap financiero por 20.000 millones de dólares y las posteriores negociaciones con el banco JP Morgan.
La presentación judicial fue realizada por el economista Claudio Lozano, los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, y la ingeniera María Eva Koutsovitis, junto a diversas organizaciones sociales. Según el texto de la denuncia, las medidas adoptadas por el Ejecutivo “implican la intervención directa de una potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el Banco Central”, hecho que los firmantes consideran un “acto de violación a la soberanía del Estado argentino”.
El reclamo fue sorteado y recayó en el Juzgado Federal N°12, subrogado por el juez Julián Ercolini, un magistrado ya conocido por su participación en causas de alto impacto político. En el expediente también se menciona al director del Banco Central, Santiago Bausili, y al ex canciller Gerardo Werthein, quienes habrían tenido participación en las negociaciones financieras con Estados Unidos y el banco JP Morgan.
Según los denunciantes, la supuesta intervención norteamericana fue “negociada con Donald Trump y Scott Bessent”, el empresario estadounidense que actuó como intermediario en el swap y que actualmente asesora a sectores del mercado vinculados al Tesoro. En los hechos, la denuncia plantea que el Tesoro norteamericano habría intervenido para frenar la suba del dólar y controlar la estabilidad del mercado argentino, especialmente en vísperas de las elecciones de medio término.
El trasfondo del caso es aún más delicado: se acusa al Gobierno de haber entregado la capacidad de decisión soberana en materia económica a una potencia extranjera, violando el principio constitucional de independencia nacional. Los denunciantes sostienen que el acuerdo con el JP Morgan y la cesión de potestades sobre el MULC implican una renuncia explícita al control del propio Estado sobre sus políticas financieras.
En declaraciones a la prensa, Claudio Lozano afirmó que “la firma de Milei y Caputo representa una subordinación inédita de la Argentina al Tesoro de los Estados Unidos”. Koutsovitis, por su parte, agregó que “lo que está en juego es el derecho del pueblo argentino a decidir sobre su economía, sin imposiciones externas”.
Mientras tanto, Milei y Caputo continúan sus negociaciones con el JP Morgan, buscando ampliar las líneas de crédito, en un contexto de creciente dependencia y tensiones políticas internas. El caso, que combina finanzas internacionales, política y soberanía, podría derivar en una investigación de gran alcance, con consecuencias imprevisibles tanto en el plano judicial como diplomático.
Este nuevo capítulo de la gestión libertaria deja al descubierto la profundidad del alineamiento con los intereses de Washington, en una etapa en la que el país atraviesa una crisis social y económica cada vez más grave. Las organizaciones denuncian que la entrega del control cambiario “no solo compromete la autonomía financiera, sino también la dignidad nacional”.
En momentos donde miles de familias argentinas sufren las consecuencias de los ajustes, los despidos y la inflación, la denuncia contra Milei y Caputo abre un debate urgente: ¿hasta dónde puede un gobierno ceder soberanía a cambio de dólares?
Cuando un país entrega su soberanía económica, pierde mucho más que dinero: pierde su destino. Lo que está en juego no es un simple acuerdo financiero, sino el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio futuro.
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