El gobierno de Gustavo Melella permitió que Harbour Energy participe en la explotación de la Cuenca Marina Austral 1, pese a su historial en Malvinas. La empresa ingresó disfrazada como Wintershall Dea Argentina para eludir la Ley 26.659, según denunció Agenda Malvinas.


El gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, aprobó la renovación de contratos petroleros de la Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), incorporando al consorcio a la petrolera británica Harbour Energy. La decisión generó un fuerte escándalo porque la compañía tiene un historial de explotación ilegal en las Islas Malvinas, donde participó del yacimiento Sea Lion/León Marino junto a Rockhopper, con licencias otorgadas por la autoridad británica que usurpa el archipiélago.

Cómo Harbour Energy entró al país

En 2024, Harbour Energy adquirió los activos globales de Wintershall Dea, incluyendo su participación en Argentina. Esta operación le dio acceso al 37,5% del Proyecto Fénix, clave para el suministro de gas del país.

Sin embargo, para evitar sanciones de la Ley 26.659 —que prohíbe y castiga a empresas que operen en la plataforma continental argentina sin autorización nacional— la compañía continuó operando bajo el nombre Wintershall Dea Argentina, pese a estar bajo control británico.

En febrero de 2024, el ministro de Energía fueguino Alejandro Aguirre había declarado que la provincia rechazaría el traspaso accionario a Harbour Energy, en defensa de la soberanía argentina. Incluso anticipó que cualquier cesión debería pasar por Ejecutivo provincial, Legislatura y Secretaría de Energía nacional.

Pese a estas declaraciones, el 30 de junio de 2025, Melella firmó un decreto ampliando los contratos petroleros, que fue aprobado por la Legislatura el 8 de julio de 2025. Según denunció Agenda Malvinas, el decreto se aprobó con información falsa y sin pasar por el Tribunal de Cuentas ni el Fiscal de Estado, lo que podría configurar una irregularidad administrativa y política grave.

Contexto histórico y riesgos

Argentina considera ilegítimas todas las actividades hidrocarburíferas en Malvinas por parte de empresas extranjeras, respaldándose en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y en la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”.

La entrada de Harbour Energy no solo debilita la posición argentina en la disputa por la soberanía, sino que también genera un precedente peligroso para el control de recursos estratégicos en el Atlántico Sur, donde se encuentran importantes reservas de gas y petróleo offshore.

Para especialistas en energía y derecho internacional, el caso muestra la vulnerabilidad institucional frente a intereses corporativos extranjeros y plantea el riesgo de nuevas demandas o sanciones internacionales en futuras negociaciones sobre la soberanía de Malvinas.

Fuentes: Agenda Malvinas / https://agendamalvinas.com.ar/noticia/permitiendo-datos-falsos-el-gobierno-de-tierra-del-fuego-dejo-entrar-a-una-petrolera-inglesa

Econojournal.com.ar

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