Con dos decretos firmados este lunes (340 y 342/2025), el gobierno de Javier Milei avanzó sobre derechos laborales fundamentales al restringir el derecho a huelga y habilitar la intervención de sindicatos. Las medidas, impulsadas por Federico Sturzenegger, amplían la lista de servicios esenciales, limitan las protestas y debilitan la autonomía gremial, en clara contradicción con la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El gobierno de Javier Milei acaba de publicar dos decretos —el 340/2025 y el 342/2025— que impactan de lleno sobre los derechos laborales y sindicales. En medio de una crisis social y económica que golpea a millones, el oficialismo decidió avanzar aún más sobre las conquistas históricas del pueblo trabajador.
El DNU 340/2025 redefine qué es un “servicio esencial”, incluyendo actividades clave como la educación en todos sus niveles, el transporte, las telecomunicaciones y hasta la atención aduanera y migratoria. Esto implica que en esos sectores se debe garantizar entre el 50% y 75% del servicio aún durante una huelga. En otras palabras: se restringe de manera brutal el derecho a protestar y reclamar en sectores estratégicos.
Como si fuera poco, se establece que participar en bloqueos o tomas podría considerarse una “injuria laboral grave”, habilitando despidos sin indemnización. Es decir, se criminaliza la protesta laboral.
El DNU 342/2025 modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, limitando la intervención del Estado en elecciones gremiales. Pero lejos de fortalecer la democracia sindical, abre la puerta a vaciar las estructuras de representación y favorecer intervenciones arbitrarias.
Estas decisiones contradicen principios fundamentales de la Constitución Nacional (art. 14 bis), convenios internacionales como el 87 de la OIT, y hasta pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Detrás de esta avanzada aparece la mano de Federico Sturzenegger, uno de los cerebros detrás de las reformas más regresivas del gobierno. El mismo que durante el macrismo destruyó el poder adquisitivo de millones.
No se trata solo de leyes. Se trata de vidas concretas, de trabajadores y trabajadoras que pierden herramientas para defenderse, que ven cómo sus derechos se deshacen mientras crecen la pobreza y el miedo.
Desde Argentina Desigual lo decimos claro: esto es un retroceso brutal en democracia, justicia y dignidad.
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