La muerte de Rodrigo Gómez, soldado de 21 años del Regimiento de Granaderos que integraba la seguridad presidencial, sigue rodeada de interrogantes. Aunque el Gobierno deslizó que se trató de un suicidio, el hallazgo de una presunta carta de despedida, el tipo de arma utilizada y el silencio oficial alimentan dudas que la investigación judicial todavía no logra despejar.
Rodrigo Gómez fue hallado sin vida en la Quinta de Olivos, el predio donde cumplía funciones dentro del esquema de custodia presidencial. Según la División de Análisis de Homicidios de la Policía Federal, el joven presentaba un disparo en la cabeza realizado con un arma larga, específicamente un fusil 7,62 automático liviano (FAL).
Desde el Poder Ejecutivo, a través de la Vocería presidencial, se indicó de manera veloz, que la principal hipótesis es la de un suicidio. Sin embargo, incluso dentro del propio relato oficial aparecen puntos difíciles de explicar. El FAL es un arma de grandes dimensiones, lo que plantea interrogantes sobre la posibilidad física de que una persona pueda accionarla contra sí misma en esas condiciones. Ese detalle, por sí solo, abrió suspicacias que aún no fueron respondidas públicamente.
En el lugar del hecho se encontró una presunta carta de despedida que habría sido escrita por el soldado antes de morir. El texto completo no fue difundido, aunque trascendió que incluiría mensajes a familiares, amigos y allegados, un agradecimiento al Ejército Argentino por su rol dentro de la fuerza y referencias a problemas económicos personales.
Según datos del historial crediticio público de Gómez, el joven mantenía deudas por aproximadamente 1,8 millones de pesos con distintas entidades financieras. La investigación busca establecer si ese monto coincide con lo mencionado en la carta y si existían otras obligaciones no registradas. El salario del soldado rondaba entre los 700.000 y 800.000 pesos mensuales, un dato que también forma parte del análisis judicial.
La causa quedó en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. En ese contexto, los padres del soldado, que viven en Posadas, Misiones, fueron trasladados por vía terrestre hasta la Ciudad de Buenos Aires para reconocer tanto la letra de la carta como el cuerpo de su hijo.
Mientras tanto, el caso se desarrolla en un clima de fuerte hermetismo. El presidente Javier Milei no realizó declaraciones públicas sobre la muerte del soldado ocurrida en la residencia presidencial. La única comunicación oficial conocida hasta ahora fue la difundida por la Vocería, sin mayores precisiones.
Con peritajes aún en curso y varios aspectos sin aclarar —el arma, la carta, el contexto personal y el rol del joven dentro de la seguridad presidencial—, la investigación continúa. Por ahora, la explicación oficial convive con preguntas que siguen sin respuesta y que serán clave para reconstruir qué ocurrió realmente en la Quinta de Olivos.
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