Una investigación judicial revela que las coimas que narcotraficantes pagan para que su droga pase sin controles por la Aduana de Ezeiza aumentaron de 48 a más de 70 dólares por kilo en menos de un año, mientras los responsables siguen en la sombra.
Una investigación judicial en curso ha sacado a la luz un fenómeno preocupante que revela la continuidad y el aumento de las coimas que narcotraficantes deben pagar para asegurar el paso de marihuana y otras drogas ilícitas a través del aeropuerto internacional de Ezeiza. A pesar de los cambios recientes en la estructura y autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la corrupción interna en la Aduana sigue activa, fortalecida por complejas redes de complicidad que operan en las sombras.
El caso se basa en el análisis detallado de escuchas telefónicas judiciales obtenidas en una causa que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico, donde se investigan las operaciones delictivas de Daniel Ferreiro, quien operaba desde Estados Unidos, y su socio en Buenos Aires, Leandro Santelia. En sus conversaciones, ambos detallan un aumento del “costo” por cada kilogramo de marihuana que pasa los controles sin ser detectado, que pasó de aproximadamente 48 dólares en 2024 a superar los 70 dólares en 2025. Además, estos pagos clandestinos suelen contemplar descuentos para envíos de mayor volumen, consolidando un sistema estructurado de sobornos ilegales.
Este incremento coincide con una profunda reestructuración en los organismos aduaneros: la eliminación de la AFIP y la creación de ARCA bajo la dirección de Juan Pazo, el arribo de Andrés Edgardo Vázquez al mando de la DGA y la designación de Gustavo Javier Araujo como director de la Aduana de Ezeiza. Aunque se implementaron nuevos operativos de control, estos no impidieron la escalada de los “peajes” exigidos para garantizar la impunidad del tráfico ilegal.
La causa judicial también demuestra tensiones internas entre los narcotraficantes, quienes protestan por la creciente presión y la suba de costos, mientras enfrentan riesgos de allanamientos y decomisos, como el secuestro de 125 kilos de hachís en abril de 2025 que desnudó grietas en la cadena de complicidades.
El fiscal Emilio Guerberoff, responsable de la investigación, subraya que los imputados conocían con precisión los montos a abonar en dólares para evitar controles y que eran conscientes de la ilegalidad de la operación, como se desprende de mensajes donde reconocen explícitamente la actividad de contrabando. A pesar de ello, la identidad de los funcionarios o intermediarios que cobran estas coimas sigue siendo un misterio, lo que dificulta la desarticulación completa de la red.
Esta investigación pone en evidencia un problema estructural enquistado en organismos estatales, que afecta no solo la lucha contra el narcotráfico sino la seguridad nacional y la confianza ciudadana en las instituciones. La corrupción aduanera se presenta como un factor clave que permite la circulación ilícita de drogas, debilitando las políticas públicas y dejando una brecha difícil de cerrar sin controles más rigurosos y una mayor transparencia.
El juez Alejandro Catania y el fiscal Guerberoff continúan ejecutando medidas judiciales, incluyendo órdenes de allanamiento, detenciones e indagatorias, así como la búsqueda internacional de otros implicados. El avance de esta causa será un indicador importante de la voluntad institucional para volver a poner bajo control estas complicidades.
Fuentes: La Nación /Análisis Digital
