La madrugada del 3 de marzo, el techo del garaje del complejo habitacional Estación Buenos Aires cedió. Trescientas familias fueron evacuadas. Nadie resultó herido. Lo que quedó en pie fue una pregunta que el gobierno todavía no respondió: ¿quién era responsable de controlar que esto no pasara?.

El derrumbe ocurrió pasada la medianoche, cuando el garaje estaba vacío. De haberse producido unas horas más tarde, el resultado podría haber sido otro. El complejo Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios sobre un predio de 18 hectáreas que perteneció históricamente a los ferrocarriles argentinos, es parte del programa habitacional PROCREAR. Trescientas familias que apostaron a una vivienda pública de calidad terminaron esa noche en la calle, con lo puesto.

La historia de cómo se construyó ese complejo explica bastante sobre por qué se cayó.

UNA OBRA CON TRES DUEÑOS Y UN SOLO SUPERVISOR

El proyecto arrancó en 2016. La empresa que ganó la licitación original fue Riva S.A., con una inversión estimada en 5.500 millones de pesos y cerca de mil trabajadores en obra. En 2019, el Banco Hipotecario —que actuaba como fiduciario del programa PROCREAR, es decir, el organismo que administraba los fondos y supervisaba la ejecución— rescindió el contrato con Riva por incumplimiento. Para ese momento, algunas partes del complejo tenían un avance del 80%. https://urgente24.com/actualidad/derrumbe-parque-patricios-la-obra-que-empezo-macri-y-entrego-alberto-f-n620045

Lo que vino después fue una división del proyecto en sectores, cada uno adjudicado a una empresa diferente. Constructora Sudamericana S.A. (Consud), junto al estudio de arquitectura MSGSSV, quedó a cargo de los sectores 1, 2 y 10. El sector 2 es el que colapsó el martes 3 de marzo. Green S.A. tomó los sectores 3, 4, 5 y 9. Conorvial S.A., con sede en Santiago del Estero, construyó el sector 15: un local comercial en planta baja, un mezanine diseñado para hipermercado y dos niveles de estacionamiento subterráneo.

Tres constructoras distintas, criterios y contratos diferentes, pero un único actor que supervisó todo el proceso de principio a fin: el Banco Hipotecario, en su rol de fiduciario del programa.

EL BANCO Y QUIÉN LO CONTROLA

El Banco Hipotecario no es una entidad estatal en sentido estricto. El Estado argentino posee el 49% de las acciones, pero el 51% restante —y con él el control de la gestión— está en manos privadas. El principal accionista privado es Eduardo Elsztain, empresario al frente del grupo IRSA, uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes del país, con posiciones en centros comerciales, hoteles, oficinas y tierras rurales a través de su brazo agropecuario Cresud. Elsztain controla el Banco Hipotecario desde los años 90.

Esto significa que cuando el banco rescindió el contrato con Riva en 2019, cuando habilitó el ingreso de las nuevas constructoras y cuando ejerció la supervisión del avance hasta la entrega del complejo, lo hizo bajo una conducción privada con intereses documentados en el mercado inmobiliario argentino.

No es una acusación: es la descripción de una arquitectura institucional que concentra en un mismo actor privado el control sobre la principal herramienta pública de financiamiento habitacional del país. Que esa concentración no genere debate político es, en sí mismo, un dato relevante.

EL EMPRESARIO Y EL PRESIDENTE

Elsztain también fue uno de los empresarios que más activamente respaldó la candidatura de Javier Milei. Durante la campaña, sus hoteles funcionaron como bases operativas de La Libertad Avanza. Lo presentó en foros internacionales y lo vinculó con sectores del capital financiero y referentes de la comunidad judía en Estados Unidos..

Desde que Milei asumió la presidencia, el gobierno impulsó la desregulación del suelo urbano, eliminó controles a la inversión extranjera, amplió los márgenes de acción en minería, agroindustria y banca, y anunció nuevas privatizaciones. IRSA y Cresud tienen intereses comerciales directos en cada uno de esos sectores. Los hechos son verificables. Las conclusiones, las saca cada uno.

LO QUE LAS 300 FAMILIAS NO DEBERÍAN TENER QUE PREGUNTARSE

Las familias evacuadas no accedieron a una vivienda de mercado. Apostaron a un programa del Estado que les prometía calidad constructiva y supervisión rigurosa. Pagaron sus cuotas. Cumplieron su parte. El techo que se cayó era responsabilidad de otros.

Las preguntas que el gobierno no respondió en los días posteriores al derrumbe son concretas: ¿quién aprobó los planos del sector 2 después del cambio de constructora? ¿Qué organismo certificó la habilitación final? ¿Cuántas inspecciones realizó el Banco Hipotecario entre 2019 y la entrega? ¿Existen informes técnicos intermedios y, si existen, qué decían?

Sin esas respuestas, hablar de “falla técnica” es una forma elegante de no decir nada.

LO QUE SIGUE ABIERTO

El complejo Estación Buenos Aires no es el único caso donde vecinos de conjuntos PROCREAR denunciaron problemas constructivos después de la entrega. Es parte de un patrón que aparece cuando la obra pública se fragmenta entre múltiples contratistas sin una cadena de responsabilidades clara, y cuando quien controla los fondos y aprueba las decisiones tiene simultáneamente intereses privados en el mismo sector.

Que el techo haya caído de madrugada evitó una tragedia. Que nadie esté respondiendo las preguntas básicas no es un detalle administrativo: es una decisión política.

Fuente principal: La Raíz Online — “La mano invisible de Elsztain en el derrumbe del edificio PROCREAR”* — 8 de marzo de 2026

laraizonline.com/2026/03/08/la-mano-invisible-de-elsztain-en-el-derrumbe-del-edifico-procrear

ACLARACIÓN: Nota producida a partir de la fuente indicada, con datos verificables citados en el artículo original y referencias cruzadas a TN, Urgente 24 y Prensa Obrera

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