En Salta, la causa por la red de trata que captaba alumnas de colegios secundarios ya registra 33 víctimas adolescentes identificadas y nueve imputados, en un expediente que no deja de crecer. El juez federal Julio Bavio prorrogó la investigación hasta el 29 de mayo de 2026 ante la incorporación de nuevas pruebas, peritajes y testimonios en Cámara Gesell que profundizan la dimensión de un caso que expone la explotación sistemática de menores.
La causa por la red de trata que captaba alumnas de colegios secundarios en la provincia de Salta sigue creciendo en gravedad y alcance. La Justicia federal confirmó que ya son 33 las adolescentes identificadas como víctimas y nueve los imputados por su presunta participación en la organización. Frente al volumen de pruebas y a la complejidad del expediente, el juez federal Julio Bavio resolvió extender la investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
La audiencia en la que se adoptaron estas decisiones se realizó el 16 de diciembre y se extendió durante más de seis horas. Participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la auxiliar fiscal Roxana Gual, el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar —quien representa a 16 menores—, la abogada querellante Sandra Domene, los abogados defensores Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores e Incapaces Gala Emilse Poma
De tres casos a 33 víctimas
Cuando la investigación comenzó, en septiembre del año pasado, sólo había tres víctimas identificadas. Con las detenciones realizadas entre septiembre y noviembre y el avance de las declaraciones en Cámara Gesell, el número se elevó a 33.
El crecimiento de la cifra no es un detalle estadístico: muestra que la red operaba con una estructura más amplia de la que se conocía al inicio. Las entrevistas realizadas bajo resguardo judicial permitieron que más adolescentes relataran lo ocurrido y señalaran a otros involucrados.
El acompañamiento estuvo a cargo del Área de Atención a la Víctima de la Fiscalía de Distrito, coordinada por la psicóloga Verónica Olguín Rufino. Además interviene la PROTEX, dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, especializada en delitos de trata y explotación.
Lo qué se investiga
La causa analiza peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados, además de transferencias bancarias, conversaciones en redes sociales y material audiovisual. Según lo expuesto en la audiencia, los elementos recolectados coinciden con los relatos de las víctimas.
De acuerdo con la acusación fiscal, el patrón investigado incluye captación en inmediaciones de escuelas, encuentros en hoteles alojamiento ubicados sobre la ruta 26 o en domicilios particulares, pedidos específicos sobre características físicas y vestimenta, suministro de sustancias para facilitar los abusos y presiones para que las adolescentes incorporaran a otras compañeras.
También se incorporaron denuncias por amenazas previas a las detenciones, lo que motivó medidas de protección reforzadas para las víctimas.
Imputaciones y delitos
De los nueve detenidos, ocho están acusados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la minoridad de las víctimas, su situación de vulnerabilidad, la cantidad de hechos investigados y el número de intervinientes. Cinco de ellos, además, enfrentan cargos por asociación ilícita vinculada a la promoción y facilitación de la prostitución.
La fiscalía sumó otras imputaciones:
tenencia y distribución de material sexual infantil (seis acusados);
corrupción de menores (uno);
abuso sexual de una menor de 13 años (dos);
Seis hechos de promoción y facilitación de la prostitución agravada (dos imputados).Entre los señalados aparece un estudiante del colegio Juan Carlos Saravia, ubicado en barrio Limache, cuya participación continúa bajo análisis judicial.
El inicio de la causa
La primera denuncia fue presentada el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una adolescente revisó el celular de su hija tras advertir que tenía un teléfono de alta gama. Allí encontró mensajes de contenido sexual, entre ellos uno enviado por un remisero que hoy figura entre los imputados.
La Justicia secuestró el vehículo que habría sido utilizado para la captación. Ese hombre es considerado uno de los presuntos organizadores iniciales, encargado de coordinar encuentros a cambio de dinero.En el expediente también consta que, según la investigación, las adolescentes eran apartadas del circuito cuando cumplían 18 años. Esa modalidad es uno de los puntos que la fiscalía busca acreditar con pruebas digitales y testimonios.
Lo que sigue
El análisis del material secuestrado aún no concluyó y podrían surgir nuevas imputaciones. Las entrevistas en Cámara Gesell continúan y son consideradas piezas centrales para sostener la acusación. La decisión del juez Bavio de extender la investigación hasta mayo de 2026 refleja la complejidad del caso. No se trata sólo de determinar responsabilidades individuales, sino de reconstruir el funcionamiento completo de una red que, según la acusación, operó durante meses captando adolescentes.
El proceso está en curso. Lo que ya está confirmado es que 33 chicas forman parte de un expediente judicial que expone uno de los delitos más graves del Código Penal argentino. Lo que resta es que la investigación avance hasta esclarecer cada responsabilidad y que las víctimas cuenten con protección y reparación integral.
https://www.quepasasalta.com.ar/policiales/red-de-trata-de-alumnas-en-salta-ya-son-33-las-victimas-y-hay-nueve-imputados/
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