La Justicia descubrió que, en campos de Vicentin, al menos 15 trabajadores rurales —entre ellos menores de edad— eran sometidos a condiciones de explotación y semiesclavitud, viviendo en galpones precarios, sin acceso a agua potable ni baños, y bajo jornadas laborales extenuantes que remiten a prácticas propias de otra época
La Fiscalía a cargo de Guillermo Onel realizó un allanamiento que expuso graves irregularidades laborales en campos vinculados al grupo Vicentin, uno de los conglomerados agroindustriales más importantes de Argentina. Durante el operativo, se identificaron 15 trabajadores, incluidos dos adolescentes de 17 años, realizando tareas de desmalezamiento en condiciones de precariedad absoluta. Los empleados vivían en campamentos
Según la investigación, los trabajadores percibían $300.000 por quincena, aunque sufrían descuentos por la comida. La Fiscalía destacó que estas prácticas recuerdan escenarios históricos de explotación extrema, como los documentados en la empresa La Forestal durante el siglo XX, cuando trabajadores de la región del litoral argentino sufrían condiciones de semiesclavitud.
Los campos y la crisis judicial de Vicentin
Los allanamientos se centraron en los establecimientos Santa Ana SRL y La Revancha, administrados por La Isabelina SA, empresas controladas por familias vinculadas al grupo Vicentin. Este caso se suma a la crisis judicial de la cerealera, que enfrenta investigaciones por fraude millonario al Estado. El juez Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 exdirectivos de Vicentin y del Banco Nación por operaciones fraudulentas realizadas en 2019, que habrían causado un perjuicio multimillonario al Estado.
En 2020, tras la quiebra de Vicentin, el entonces presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos habían anunciado la expropiación de la empresa, prometiendo proteger los intereses del Estado y de los trabajadores. Sin embargo, la medida nunca se concretó, luego de conversaciones entre Fernández y el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, lo que generó críticas de sectores sociales y políticos que exigían medidas concretas para proteger a los trabajadores y al patrimonio nacional.
Impacto social y laboral
Los hallazgos de la Fiscalía ponen en evidencia que, mientras la cerealera continúa con irregularidades financieras, también mantiene un sistema de explotación laboral que afecta a trabajadores y adolescentes, en pleno siglo XXI. Vecinos de Avellaneda recuerdan la movilización de 2020 bajo la consigna “Somos todos Vicentin”, en reclamo de justicia social y control estatal sobre la empresa.
Expertos en derecho laboral y derechos humanos destacan que estos casos evidencian la urgente necesidad de supervisión estatal y sanciones estrictas para empresas que reciben beneficios económicos del Estado y, al mismo tiempo, vulneran los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Repasemos el Contexto histórico
Vicentin, fundada en 1929, es uno de los grupos agroindustriales más poderosos de Argentina, con influencia en la producción y exportación de granos y aceite. La quiebra de la empresa y los casos de fraude millonario muestran cómo grandes conglomerados pueden operar en condiciones de opacidad financiera, mientras los trabajadores continúan enfrentando condiciones extremas de precariedad. Este caso se suma a otros episodios históricos de explotación laboral en el agro argentino, recordando que las promesas políticas de intervención estatal son esenciales para proteger a los sectores más vulnerables.
La investigación de la Fiscalía no solo busca sancionar la explotación laboral infantil y semiesclava, sino también enviar un mensaje a otras empresas sobre la responsabilidad social y legal que implica operar en el país.
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Fuentes: Agitación.lat https://agitacion.lat/allanamiento-en-campos-de-vicentin-trabajo-infantil-y-condiciones-de-semiesclavitud/
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