El presidente argentino, Javier Milei, ha generado una intensa polémica al designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, eludiendo la aprobación del Senado. Esta decisión ha suscitado críticas por considerarse un abuso de poder ejecutivo y una amenaza a la independencia judicial. Esta acción recuerda una medida similar tomada por Mauricio Macri en 2015, cuando nombró jueces de la Corte por decreto, desatando críticas por incumplimiento constitucional.
La Corte Suprema de Argentina, compuesta por cinco miembros, ha operado recientemente con solo tres debido a las vacantes dejadas por las salidas de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024 y Elena Highton de Nolasco en 2021. Ante la falta de consenso en el Senado para aprobar nuevos nombramientos, el presidente Javier Milei ha optado por designar a los jueces mediante un decreto presidencial durante el receso legislativo.
El 26 de febrero de 2025, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se oficializaron las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces en comisión de la Corte Suprema. Estos nombramientos estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha en la cual se requerirá la aprobación del Senado para su continuidad. La Constitución argentina permite al presidente realizar nombramientos temporales durante el receso del Congreso; sin embargo, esta facultad ha sido objeto de debate en cuanto a su aplicación en cargos judiciales de alta jerarquía.
Paralelismo con el gobierno de Mauricio Macri: Esta situación evoca un episodio similar ocurrido en diciembre de 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema, también durante el receso legislativo y sin el acuerdo previo del Senado. Esta acción fue ampliamente criticada por diversos sectores políticos y judiciales, quienes la consideraron inconstitucional y un atropello a la independencia del Poder Judicial. Ante la presión, Macri decidió no avanzar con los nombramientos hasta obtener el acuerdo del Senado, y finalmente, ambos candidatos asumieron sus cargos tras la aprobación legislativa correspondiente.
La oposición, encabezada por el bloque peronista en el Senado, ha manifestado su rechazo a la medida de Milei, calificándola de inconstitucional y argumentando que el Ejecutivo está excediendo sus atribuciones. Además, organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la idoneidad de Ariel Lijo, quien enfrenta múltiples denuncias por abuso de poder y violaciones éticas. Por su parte, el gobierno sostiene que la Corte Suprema no puede funcionar adecuadamente con solo tres miembros y que el Senado ha demorado injustificadamente el proceso de aprobación de los candidatos propuestos.
La decisión de Milei podría desencadenar desafíos legales y políticos, incluyendo posibles acciones judiciales para impugnar los nombramientos y un aumento de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Analistas sugieren que este movimiento busca asegurar un respaldo judicial para la agenda reformista del presidente, aunque podría también erosionar la confianza en las instituciones democráticas y afectar negativamente la percepción pública de su gobierno.
¿Por qué importa?
Este episodio pone de relieve las tensiones entre los poderes del Estado y plantea interrogantes sobre el respeto a los procedimientos constitucionales en Argentina. La forma en que se resuelva este conflicto sentará un precedente significativo para la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, así como para la salud de la democracia en el país.
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