En una nueva avanzada contra la organización sindical, el Gobierno de Javier Milei oficializó la creación de un registro obligatorio de delegados gremiales del Estado. La medida, que coincide con el proceso de elección de nuevos representantes, fue denunciada como un mecanismo de persecución y control político sobre quienes defienden derechos laborales.
El Gobierno nacional acaba de tomar una decisión que pone en alerta a todos los trabajadores del Estado: mediante la Resolución 34/25, se crea un registro obligatorio que identificará a los delegados gremiales. Es decir, a quienes fueron votados por sus compañeros para representar y defender derechos en los lugares de trabajo.
Para los sindicatos, esta medida no es inocente ni técnica. Es parte de una avanzada sistemática contra la organización laboral. Es un intento claro de vigilar, señalar y amedrentar a quienes se atreven a levantar la voz en medio del ajuste.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que llevará el caso a la Justicia para frenar su implementación. Y no es casualidad: esta resolución aparece justo mientras se están eligiendo nuevos delegados en muchas dependencias del Estado. El momento es clave.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue muy claro: “Buscan disminuir la representación sindical con un registro ilegal. Lo que quieren es que nadie frene la motosierra. Saben que si hay organización, hay resistencia.
”Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), su secretario general Andrés Rodríguez también alzó la voz: “Esto vulnera la libertad sindical y se suma a otros ataques, como el reciente decreto que limita el derecho a huelga. Están vaciando los sindicatos desde adentro”.
Los gremios advierten un riesgo grave: al finalizar su mandato, los delegados pierden los fueros y, si están fichados, pueden ser fácilmente despedidos, trasladados o sancionados. La medida parece diseñada para eso: sembrar el miedo.
La abogada laboral Natalia Salvo fue contundente: “Esto es una lista negra. Ya lo intentaron con Macri en 2017. Ahora vuelven con lo mismo. Es una práctica perversa para hostigar a trabajadores organizados”.
Salvo alertó que esta herramienta puede abrir la puerta a represalias: traslados forzosos, suspensiones o despidos sin justificación. “No se trata de transparencia. Se trata de intimidar”, afirmó.
Mientras el Gobierno avanza con políticas que recortan derechos y vacían el Estado, los sindicatos siguen siendo una de las pocas voces organizadas que frenan el ajuste. Por eso, apuntan contra ellos. Porque incomodan.
Fuente: Resolución 34/25 – Boletín Oficial
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