La jueza federal María Servini reactivó la investigación contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, acusados de un llamativo crecimiento patrimonial. La causa, que había sido archivada en diciembre, vuelve a cobrar fuerza en medio de un contexto de ajuste brutal sobre los sectores populares. El expediente pone bajo la lupa la transparencia del poder libertario y expone una posible red de testaferros.
En un giro judicial que podría tener consecuencias políticas graves, la jueza federal María Servini reabrió una causa que investiga el patrimonio del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, actual Secretaria General de la Presidencia. La causa había sido archivada en diciembre de 2023 por el fiscal Guillermo Marijuán, pero fue reactivada por la jueza tras nuevos pedidos de información clave.
El expediente fue impulsado por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien denunció posibles maniobras de ocultamiento patrimonial y uso de testaferros por parte de los hermanos Milei. Aunque aún no hay imputaciones formales, Servini ordenó medidas preliminares que podrían derivar en una investigación de fondo. Entre ellas, pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Milei y su hermana desde 2021, y a la UIF un informe sobre operaciones financieras sospechosas.
¿Qué se investiga?
Se sospecha de un crecimiento patrimonial injustificado, de movimientos de dinero que no se condicen con los ingresos declarados, y de la utilización de intermediarios para encubrir bienes. También hay foco en las personas que integran el entorno de confianza del presidente —como el empresario Santiago Caputo y otros operadores de La Libertad Avanza— quienes podrían haber actuado como pantallas o facilitadores de maniobras irregulares.
La figura de Karina Milei, apodada “El Jefe”, concentra una enorme cuota de poder sin control institucional ni transparencia pública. Ocupa un rol clave en las decisiones del Ejecutivo y en el manejo de recursos del Estado, pero no rinde cuentas ante nadie. Esta investigación judicial podría abrir una grieta en esa coraza de impunidad.
Un gobierno que ajusta a los de abajo mientras se investiga a los de arriba
Mientras el gobierno de Javier Milei promueve recortes brutales al gasto público, elimina subsidios, licúa jubilaciones y despedaza organismos del Estado, el avance de esta causa pone en jaque el discurso de lucha contra “la casta”. ¿Qué tan creíble es un presidente que promete austeridad mientras su propio patrimonio está bajo sospecha?
Además, el blindaje mediático alrededor del oficialismo ha silenciado esta noticia en muchos grandes medios. Es en portales independientes donde esta causa empieza a visibilizarse, gracias a la perseverancia de sectores del periodismo que aún se atreven a investigar el poder real.
El impacto político podría ser devastador
Si se confirman indicios de enriquecimiento ilícito, no solo se abriría un nuevo frente judicial para el presidente, sino que el golpe a la credibilidad de su discurso sería irreversible. La denuncia también debilita la figura de Karina Milei, cuya legitimidad política se basa en la obediencia interna, no en la transparencia.
Esta causa judicial llega en un momento crítico para el oficialismo, con una creciente pérdida de apoyo social producto del ajuste, la recesión y la bronca popular en ascenso. La idea de que “la casta son los otros” empieza a hacer agua.
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