El Gobierno de Javier Milei anunció que vetará los proyectos de ley que buscan aumentar las jubilaciones, declarar la Emergencia en Discapacidad y actualizar el presupuesto universitario, pese a la fuerte movilización social y el respaldo parlamentario que recibieron estas propuestas.
En un nuevo capítulo de ajuste que afecta directamente a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Javier Milei anticipó que vetará tres proyectos clave si son aprobados por el Congreso: el aumento a las jubilaciones, la declaración de Emergencia en Discapacidad y la actualización del presupuesto universitario.
La confirmación llegó este miércoles de boca del propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en plena jornada de movilización popular frente al Congreso. “No hay magia: si no hay plata, no se puede gastar”, afirmó Francos frente a empresarios en un acto de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Con esa frase lapidaria, resumió la postura oficial de un Gobierno que vuelve a elegir el ajuste sobre los derechos sociales.
Lejos de empatizar con las necesidades de jubilados que no llegan a fin de mes, personas con discapacidad que ven peligrar sus tratamientos y universidades que luchan por seguir funcionando, el Ejecutivo se atrinchera en el “déficit cero” como dogma inquebrantable, incluso si eso implica dejar a millones a la deriva.
Francos fue aún más claro: el Presidente vetará “todo lo que afecte al equilibrio fiscal”, incluyendo cualquier medida que implique gasto en áreas sensibles. Argumentó que sólo sería posible aplicar estas mejoras si se emite más dinero o se toma nueva deuda, aunque irónicamente eso es exactamente lo que ocurre con el acuerdo vigente con el FMI.
No es la primera vez que este gobierno usa el veto como herramienta para bloquear decisiones democráticas del Congreso. En septiembre de 2024, Milei ya había vetado un aumento aprobado para jubilados. Un mes después, hizo lo mismo con el financiamiento de las universidades públicas, alegando los mismos motivos.
Mientras tanto, afuera del Congreso miles de personas protestaban en defensa de sus derechos. Organizaciones sociales, centros de estudiantes, sindicatos y referentes de discapacidad reclamaban que el Estado cumpla su función: garantizar un piso mínimo de dignidad. La respuesta oficial fue clara: más ajuste, menos derechos.
El mensaje del Gobierno es brutal en su franqueza: si sos viejo, pobre o necesitás asistencia por discapacidad, el Estado no te va a ayudar. Si querés estudiar en una universidad pública, tampoco. Lo fiscal está por encima de lo humano.
Estas decisiones nos interpelan a todos como sociedad. No es sólo una puja presupuestaria: es una definición política sobre qué país queremos construir. ¿Uno que garantice derechos o uno que los elimine con la excusa del déficit?.
Fuentes: Basado en declaraciones oficiales recogidas por medios como Diagonales y declaraciones públicas del jefe de Gabinete.
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