En un escándalo sin precedentes, el gobierno de Javier Milei ha publicado una resolución oficial que clasifica a personas con discapacidad con insultos como “idiota” e “imbécil”. Estos términos, que fueron utilizados en la última dictadura para marginar a sectores vulnerables, reaparecen ahora en una normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generando un repudio generalizado de organizaciones y especialistas.
El pasado enero de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, publicó la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. Esta normativa establece nuevos criterios médicos para evaluar la invalidez laboral, un requisito clave para acceder a las pensiones no contributivas. Sin embargo, lo que debería haber sido una actualización técnica terminó convirtiéndose en un escándalo nacional, debido a la reintroducción de términos arcaicos y altamente ofensivos para describir distintos grados de discapacidad intelectual.
Los términos utilizados en la resolución—”idiota”, “imbécil” y “débiles mentales profundos”—no solo son ofensivos, sino que además fueron ampliamente empleados por la última dictadura cívico-militar (1976-1983) para marginar y excluir a las personas con discapacidad. En aquellos años oscuros de la historia argentina, estos términos sirvieron de justificación para negar asistencia estatal y promover la institucionalización forzada en condiciones inhumanas. La decisión del gobierno de Milei de reinstaurar este lenguaje es un retroceso alarmante en materia de derechos humanos.
La resolución en cuestión establece que:
📍 Personas con un coeficiente intelectual (CI) entre 0 y 30 son categorizadas como “idiotas”.
📍 CI entre 30 y 50, denominadas “imbéciles”.
📍 CI entre 50 y 60, consideradas “débiles mentales profundos”.
Esta clasificación, completamente obsoleta, choca de frente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual Argentina es firmante, y que prohíbe expresamente el uso de terminología discriminatoria en normativas oficiales.
La revelación de este contenido generó una ola de indignación inmediata en redes sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.
Las críticas no tardaron en llegar. Siete organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un reclamo administrativo exigiendo la inmediata derogación de la normativa.
Eduardo Quiroga, abogado de ACIJ, denunció: “El uso de estos términos no es un simple error: es una agresión institucional contra las personas con discapacidad. Es volver a épocas donde se las consideraba una carga para el Estado.”
Gabriela Troiano, presidenta de REDI, fue aún más contundente:
- Incluso referentes internacionales han manifestado su repudio. La Alianza Global para la Inclusión (GAI) emitió un comunicado exigiendo a Argentina el retiro inmediato de la resolución y el cumplimiento de las normativas internacionales de derechos humanos.
Riesgo de pérdida de pensiones: endurecer los criterios de evaluación con terminología despectiva puede provocar que miles de personas queden excluidas del sistema de asistencia estatal.
Retroceso en derechos humanos: Argentina se expone a sanciones internacionales por incumplir tratados de derechos humanos.
Normalización de la discriminación: legitimar este lenguaje en documentos oficiales refuerza estigmas y promueve actitudes de exclusión social.
¿Por qué importa?
La publicación de esta resolución no es un hecho aislado. Es un síntoma del desprecio del gobierno de Milei hacia los sectores más vulnerables. No solo pretende recortar derechos, sino que además lo hace usando el mismo lenguaje que utilizó la dictadura militar para deshumanizar a las personas con discapacidad.
El impacto de esta normativa puede ser devastador. Es fundamental que como sociedad exijamos su derogación inmediata y el respeto absoluto por los derechos humanos de todas las personas.
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