Milei exige la renuncia de Kicillof tras recortar fondos de seguridad a Buenos Aires.
En medio de una creciente ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei ha solicitado la renuncia del gobernador Axel Kicillof y ha propuesto una intervención federal. Paradójicamente, esta exigencia se produce después de que el propio gobierno nacional recortara 749 mil millones de pesos destinados a la seguridad de la provincia.
La provincia de Buenos Aires ha experimentado un aumento significativo en los índices de criminalidad durante los primeros meses de 2025. Hechos delictivos de alto impacto, como el reciente asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, han conmocionado a la sociedad y puesto en tela de juicio la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial. En este contexto, el presidente Javier Milei ha decidido intervenir públicamente, cuestionando la gestión del gobernador Axel Kicillof y sugiriendo medidas drásticas para abordar la crisis.
El 28 de febrero de 2025, a través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Milei calificó la situación en el conurbano bonaerense como un “baño de sangre” y acusó al gobernador Kicillof de sostener una “doctrina prodelincuentes”. Además, propuso una intervención federal en la provincia de Buenos Aires para aplicar una política de “tolerancia cero” frente al delito, inspirada en las estrategias de seguridad implementadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el economista Gary Becker.
Sin embargo, esta exigencia se produce en un contexto donde el propio gobierno nacional, encabezado por Milei, ha recortado significativamente los fondos destinados a la seguridad de la provincia. Según declaraciones del gobernador Kicillof, la administración nacional se apropió ilegalmente de 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad, recursos que eran fundamentales para fortalecer las fuerzas de seguridad provinciales y adquirir equipamiento esencial. Kicillof enfatizó que estos fondos equivalen a la adquisición de 10.000 patrulleros, cuya ausencia impacta directamente en la capacidad operativa de la policía bonaerense.
La respuesta desde el gobierno bonaerense no se hizo esperar. El ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, acusó al presidente de “jugar con el dolor de una familia” y de buscar “sacar una ventajita política” en medio de la tragedia. Mena afirmó que “frente al dolor de una familia argentina aparece una especulación tan berreta y deshumanizada que duele muchísimo”.
Por su parte, el titular del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, respaldó al gobernador Kicillof y calificó el pedido de renuncia como “un nuevo acto de gravedad institucional”. Kirchner instó al presidente a “trabajar en conjunto con la provincia” y evitar aprovechar “este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas”.
Además, la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense se sumó al reclamo, exigiendo al presidente Milei que envíe los fondos de seguridad adeudados a la provincia. Este pedido refuerza la necesidad de una colaboración efectiva entre las distintas jurisdicciones para abordar la problemática de la inseguridad de manera integral.
La propuesta de intervención federal ha generado un intenso debate sobre la autonomía provincial y las facultades del gobierno nacional para intervenir en asuntos locales. Expertos en derecho constitucional señalan que, si bien la Constitución prevé la posibilidad de una intervención federal en casos de conmoción interior o para garantizar el cumplimiento de las leyes federales, su aplicación debe ser cuidadosamente evaluada para evitar vulnerar la autonomía provincial.
Comunicado de Máximo Kirchner, presidente del PJ-PBA: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad”
Además, esta situación ha evidenciado las tensiones políticas entre el gobierno nacional y las autoridades bonaerenses, en medio de un clima social marcado por la preocupación y el reclamo de soluciones efectivas ante la creciente inseguridad. La contradicción entre exigir resultados en materia de seguridad mientras se recortan los recursos destinados a tal fin pone en entredicho la coherencia y eficacia de las políticas implementadas por el gobierno nacional.
¿Por qué importa?
La exigencia de renuncia del gobernador Kicillof por parte del presidente Milei y la propuesta de intervenir federalmente la provincia de Buenos Aires representan un punto crítico en la relación entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de abordar la crisis de inseguridad con políticas integrales y coordinadas que respeten la autonomía provincial y los principios democráticos, evitando el uso político de tragedias que afectan a la sociedad en su conjunto. Además, resalta la necesidad de coherencia en las acciones gubernamentales, ya que recortar fondos esenciales para la seguridad mientras se exige eficacia en dicha área resulta contradictorio y perjudicial para la población.
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