El fiscal argentino Sebastián Basso solicitó formalmente la detención internacional del líder supremo de Irán, Alí Khamenei, por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.
En un giro sin precedentes, el fiscal general del caso AMIA, Sebastián Basso, presentó ante el juez federal Daniel Rafecas una solicitud para emitir una orden de captura nacional e internacional contra el ayatolá Alí Khamenei, actual líder supremo de Irán, acusado de haber participado en la organización del ataque terrorista perpetrado por el grupo libanés Hezbollah en Argentina.
El fiscal Basso sostiene que Khamenei no solo fue informado de la operación, sino que también la autorizó a través de una fatwa —un decreto religioso islámico— en una reunión de alto nivel realizada en 1993 en Mashhad, Irán.
“El líder supremo no posee inmunidad por tratarse de crímenes de lesa humanidad”, afirma Basso en el pedido, citando el principio de jurisdicción universal aplicado en casos de terrorismo y derechos humanos.
Además, el fiscal pidió al juez que se contemple la posibilidad de realizar un juicio en ausencia para los demás imputados iraníes y libaneses, ante la falta de colaboración del régimen iraní y la negativa sistemática a extraditar a los acusados. Esta figura está prevista en el nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno argentino tras décadas de parálisis en el proceso judicial.
El atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el peor ataque terrorista en la historia del país, con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. La causa ha estado plagada de irregularidades, encubrimientos y falta de justicia durante más de 30 años.
Entre los imputados históricos figuran altos funcionarios iraníes de aquel entonces, como el expresidente Alí Rafsanjani y el exministro de Inteligencia Alí Fallahijan, pero hasta ahora nunca se había avanzado contra la figura máxima del régimen.
La solicitud de Basso marca un hito en la búsqueda de justicia y podría sentar precedentes a nivel internacional. El juez Daniel Rafecas deberá evaluar la viabilidad jurídica de la orden de arresto y del eventual juicio en ausencia. Por ahora, se abre una nueva etapa en la causa AMIA, marcada por una firme decisión del Ministerio Público Fiscal de avanzar contra la impunidad. Si se concede la orden de arresto, podría profundizar las tensiones entre Argentina e Irán, que han tenido relaciones diplomáticas mínimas desde 1994.
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