En la tarde del miércoles 19 de febrero de 2025, una manifestación pacífica de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires fue violentamente reprimida por la Policía Federal Argentina (PFA). Aplicando el controvertido “Protocolo Antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta y fuerza física, resultando en múltiples heridos y desmayos entre los manifestantes.
La protesta fue organizada por un grupo de jubilados que exigían mejoras en sus haberes previsionales, afectados por las recientes políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Estas medidas han generado un creciente descontento entre los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, especialmente entre los adultos mayores que dependen de sus miserables pensiones para subsistir.
Desde horas tempranas, los jubilados se congregaron pacíficamente en las inmediaciones del Congreso, portando pancartas y coreando consignas en defensa de sus derechos. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando un contingente de la PFA, siguiendo directrices del “Protocolo Antipiquetes”, avanzó sobre los manifestantes. Testigos presenciales relataron escenas de caos: adultos mayores siendo empujados, golpeados con escudos y rociados con gas pimienta. Varios de ellos se desmayaron y requirieron atención médica inmediata.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición condenaron enérgicamente el accionar policial. La diputada María López expresó: “Es inadmisible que en una democracia se reprima de esta manera a nuestros mayores que solo buscan justicia social”. Por su parte, el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo, argumentando que se actuó conforme a los protocolos establecidos para mantener el orden público.
Este episodio ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y la aplicación del “Protocolo Antipiquetes”. Además, ha puesto en el centro de la discusión las políticas económicas del gobierno actual y su impacto en los sectores más vulnerables. Se anticipan nuevas movilizaciones y un clima de creciente tensión social en las próximas semanas.
¿Por qué importa?
La represión a jubilados en el Congreso no solo evidencia una preocupante respuesta estatal frente a la protesta social, sino que también refleja el descontento de amplios sectores de la población ante políticas económicas que consideran injustas. La manera en que el gobierno maneje esta situación podría tener repercusiones significativas en la estabilidad social y política del país.
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