El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Esteban Ernesto Leguízamo, director ejecutivo del PAMI, por supuestos delitos relacionados con un contrato de alquiler de más de 2.300 millones de pesos.
Miércoles, 5 de marzo de 2025, 17:25
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se encuentra en el centro de una controversia tras la presentación de una denuncia penal contra su director ejecutivo, Esteban Ernesto Leguízamo. La acción legal, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, surge a raíz de una investigación que reveló posibles irregularidades en un contrato de alquiler por más de 2.300 millones de pesos.
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, se señalan posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública. El contrato en cuestión implica el alquiler de un inmueble por 36 meses a la firma Inversora Eslava S.A., con un costo mensual de 65 millones de pesos, cifra que supera ampliamente los valores de mercado. Además, se autorizaron hasta 1.000 millones de pesos adicionales para refacciones que, cuatro meses después de la adjudicación, aún no se han completado. Asimismo, el PAMI pagó 46,8 millones de pesos a la firma Miriam Campos S.A. en concepto de honorarios inmobiliarios, a pesar de que la modalidad de compulsa directa no requiere intermediación. Este acuerdo se concretó en un contexto donde el Estado argentino posee numerosos inmuebles desocupados.
El vicepresidente de Inversora Eslava S.A., beneficiaria del contrato, es Kevin Pocovi, conocido por su cercanía al presidente Javier Milei, habiendo acompañado al mandatario en eventos internacionales. Su padre, Marcelo Adolfo Pocovi, ex pareja de Zulemita Menem y padre de Malek Pocovi, representó a la empresa en la compulsa que derivó en el contrato cuestionado. La denuncia también menciona la conexión de la maniobra con la Fundación Faro, el think tank libertario, y la consultora política Move Group. Se destaca que, al inicio del mandato libertario, varios empleados de la consultora fueron contratados por el PAMI.
Esta situación pone en tela de juicio la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos por parte del gobierno de Javier Milei. Las presuntas irregularidades en contratos millonarios afectan directamente a los sectores más vulnerables, en este caso, a los jubilados que dependen del PAMI. Es imperativo que las autoridades brinden explicaciones claras y tomen medidas para garantizar la integridad en la administración pública.
Gregorio Dalbón, abogado denunciante: “Es inadmisible que se destinen sumas exorbitantes a contratos irregulares mientras nuestros jubilados carecen de servicios esenciales. Exigimos una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables.”
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