En una decisión que ha causado sorpresa e indignación en la comunidad internacional, Argentina, junto a Estados Unidos e Israel, votó en contra de una resolución de la ONU que proponía establecer el “Día Internacional de la Coexistencia Pacífica”. La propuesta, respaldada por 162 países, buscaba promover la paz y la convivencia entre naciones.

La resolución, impulsada por Bahréin, proponía declarar el 28 de enero como una jornada dedicada a fomentar la paz y la convivencia pacífica a nivel mundial. Sin embargo, Argentina, Estados Unidos e Israel se opusieron, dejando al país sudamericano en una posición aislada dentro de la Asamblea General de la ONU.
Edward Heartney, representante de Estados Unidos, criticó la vinculación de la iniciativa con la Agenda 2030, argumentando que promovía un programa incompatible con la soberanía estadounidense. Por su parte, Francisco Tropepi, representante argentino ante la ONU, calificó la propuesta como un intento de “crear más burocracia” y consideró que los artículos relacionados con la Agenda 2030 eran aspiraciones “no vinculantes”.

De los 193 países miembros de la ONU, 162 votaron a favor de la resolución, tres en contra y dos se abstuvieron. Esta abrumadora mayoría refleja el consenso global en la promoción de la paz y la convivencia pacífica.
Esta decisión se suma a una serie de acciones controvertidas en la política exterior del presidente Javier Milei, quien ha alineado a Argentina con las posturas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Recientemente, Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a “profundas diferencias” en la gestión de la pandemia, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Además, el país fue el único en votar en contra de una resolución de la ONU que denunciaba la violencia contra mujeres y niñas, generando críticas a nivel nacional e internacional.

La postura de Argentina en la ONU ha generado indignación y preocupación sobre el rumbo de su política exterior. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a estas decisiones, que consideran contrarias a los valores históricos del país en la promoción de la paz y los derechos humanos.
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